Un poder a la vista de todos

Entre la presentación del nuevo libro de Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, sobre los sectores dominantes en Argentina, y el saldo del Consejo del Salario, emerge con claridad la insubordinación del poder económico. | Por Mariano Denegris

Ricos y pobres

El sentido común no sólo se construye al definir de qué y cómo se habla sino también en aquello que se omite. En un debate público dominado por una sobreactuada escandalización ante los niveles de pobreza y, al mismo tiempo, por la estigmatización de quiénes se encuentran sumergidos en ella, resulta saludable el propósito del último libro de Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli de abordar, con datos empíricos y análisis estructurales, la cuestión de la riqueza. Más precisamente, del comportamiento de los ricos. Pero además de la afortunada elección del tema, el trabajo de los economistas de Flacso viene a poner en discusión el comportamiento de los principales poseedores del capital a lo largo de la historia argentina y, particularmente, en las primeras décadas de este siglo y avanza en una propuesta de política pública: la creación de la figura jurídica de “grupo económico”.

Los sectores dominantes en la Argentina. Estrategias de construcción de poder desde el siglo XX hasta el presente, el libro en cuestión, fue presentado el último miércoles con la presencia del  gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y del ex secretario de Comercio, Roberto Feletti, junto a los autores. Su principal hipótesis es la identificación dentro de los sectores dominantes, aquello que a veces se denomina el poder real o el poder fáctico, a dos fracciones del capital que por su composición y comportamiento merecen analizarse como las unidades económicas predominantes y determinantes en la estructura argentina. Estos son, por un lado, los “grupos económicos locales” y, por otro, “los conglomerados extranjeros”. No es sólo una cuestión de nombres. La caracterización adecuada de estos sectores obliga a revisar las visiones liberales de un capitalismo ideal como el que presentan los economistas estrellas de la TV y las redes que, merced a su peregrinaje mediático, obtienen bancas en el Poder Legislativo. En ese mundo sólo embarrado por la presencia estatal los individuos, las empresas o, aún, las sociedades anónimas, que son, en definitiva, para ellos, quienes conforman la sociedad, compiten libremente por ampliar sus ganancias brindando los mejores bienes y servicios. La preocupación no es quiénes son los dueños de la riqueza sino cómo operan en función de su ubicación objetiva en el mapa económico de la Argentina.

En gran medida, problemas bien actuales como la inflación, la economía bimonetaria y la fuga de divisas están vinculados a la actuación de estos grupos. La diversificación e integración vertical de la cúpula empresarial profundizada, como detalla el libro, por las transferencia de ingresos de los años ‘80 -donde se orientaron los recursos de la sociedad a fortalecer a los grandes grupos capaces de controlar las cadenas productivas-, sumado a la forma del proceso privatizador de los ´90, y a los dos ciclos de valorización financiera, 1976-2001 y 2016-2019, consolidaron a los grupos económicos locales como un actor central pero que no existe para las regulaciones. Los instrumentos jurídicos existentes abarcan a empresas y sociedades anónimas. Los autores del libro propusieron, en la presentación, establecer la figura jurídica de grupo económico.

Estos grupos controlan, como evidencia la investigación, 56 de las 200 empresas más grandes, pero controlan miles de otras firmas vinculadas para dominar la cadena productiva. Esta diversidad y expansión les permite desconectarse de los ciclos económicos. Es decir, cuando a todos les va mal, a ellos les sigue yendo bien. Esto comenzó en los ‘90 y volvió a producirse en 2018. La concentración que permitió que estos grupos mantengan su crecimiento en los momentos de crisis se originó en una transferencia de ingresos vía devaluación y no por mayor inversión o innovación tecnológica.

¿Y esto qué tiene que ver con el proceso inflacionario? Los precios mayoristas de las ramas oligopólicas aumentaron 20 por ciento más que los insumos importados. Análogamente, aumentaron su rentabilidad. Ellos ganan, como dijo entre risas el titular de uno de esos grupos, enfrentando la inflación con la remarcadora en la mano. La maquinita de subir precios no está sólo en los supermercados.

 

Las alimenticias son las peores

De este hecho dio cuenta Feletti, en la charla realizada en el auditorio de Flacso. Por su rol en el actual gobierno, advirtió que, en términos de la realización de acuerdos de precios, “las alimenticias son las peores”. Para dar respaldo a su afirmación, contó que en diciembre de 2021 los principales integrantes del equipo económico de entonces se reunieron con los 10 de los principales grupos económicos locales para extender el acuerdo de precios que abarcó enero y febrero del año siguiente. Si bien el compromiso se mantuvo esos dos meses, las principales alimenticias que habían aumentado su rentabilidad en la pandemia y pospandemia “utilizaron -según Feletti- su posición oligopólica para ajustar precios por cantidad”. El resto lo hizo la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso, el ex secretario de Comercio Interior concluyó que “al no haber un plan de emergencia ante el conflicto bélico, la inflación monópolica cabalga sobre la inflación internacional por la ausencia de cohesión estatal”.

En su exposición, Feletti trazó una hipótesis propia a partir de la lectura del libro de Basualdo y Manzanelli. Propuso que el predominio de los grupos económicos locales se evidencia con claridad en los procesos de reestructuración de la deuda que funcionan como mecanismo de ordenamiento de los grupos locales. Y citó los tres casos de la historia reciente. El Plan Brady, que reestructuró la crisis de deuda de los ’80, hizo que esos grupos trocaran los activos reales por los financieros con las privatizaciones. Por su parte, el Canje con quita de capital de 2005-2010 realizado por el kirchnerismo permitió que los derechos de exportación compensen los servicios de deuda y se lograron los años de soberanía fiscal que caracterizaron a estos gobierno hasta 2015. Por último, el acuerdo con los bonistas privados de 2020 abrió la actual crisis de hegemonía.

 

Un misterio demasiado sencillo

Después de un rodeo en el que despotricó sobre la pérdida del pensamiento y producción científica con la imposición de los papers, a los que describió como largas notas al pie de libros que nadie escribió, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y orador central del encuentro académico se metió en el tema de la cúpula empresaria argentina: grupos económicos locales y conglomerados extranjeros.  “Nuestro marco normativo falla”, acusó recibo del principal elemento que conecta a la investigación de Flacso con la acción política.

Los grupos son una unidad económica sobre la que hay que legislar, dijo Axel, porque juegan en equipo y afectan precios,  endeudamiento y fuga. Por eso, “la unidad de análisis y de regulación no puede ser la empresa suelta”, afirmó. Aquí discutió con economistas ortodoxos y heterodoxos, algunos que formaron parte del actual gobierno -a los que no mencionó-, al considerar que no es cierto que la economía argentina en su fase de Industrialización por Sustitución de Importaciones hubiera solucionado la restricción externa con la llegada de inversión extranjera directa. Llamó miope a esa mirada “porque el resultado histórico de esa inversión siempre genera déficit y más demanda de divisas. Por eso no se habla de la regulación del capital extranjero”.

Luego, avanzó en la discusión al sostener que “no hay tres kirchnerismos, la ruptura de 2003 a 2015 es un sólo proceso”. Ubicó al año 2008 como “la introducción de un nuevo factor en la política, conflictivo: la regulación de una parte de esa fracción de capital que son los ‘grupos’”. Y señaló que los procesos de industrialización no se agotaron per se, sino que “los frenaron los intereses del poder económico de esos grupos en la lucha política porque ni los grupos locales ni los conglomerados extranjeros contribuyen al desarrollo”.

El último ministro de Economía de CFK apeló a la ficción literaria citando el cuento de Edgar Alan Poe, La carta robada, para confrontar la idea de que los problemas argentinos son fruto de la ampliación de derechos de la clase trabajadora. “No son 70 años de peronismo sino 140 de grupos económicos, el problema estaba la vista siempre, como en el cuento, pero nadie lo ve”. Como dice el personaje del relato policial, “un misterio demasiado sencillo”.

 

Simultáneas en el Consejo del Salario Mínimo

La presentación de este libro que aborda la cuestión de las clases dominantes ocurrió un día después de la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Una vez más, los avatares del encuentro tripartito entre empresarios, trabajadores y gobierno funcionaron como una muestra gratis de aquello que se conversó en la tertulia académica. A pesar de que el sueldo más bajo que se puede percibir legalmente en Argentina se propone aumentar cinco puntos por encima de la inflación prevista entre marzo del 2022 y el mismo mes de 2023, se encuentra lejos de recuperar el poder adquisitivo que tuviera al finalizar el año 2015, tal la promesa del Frente de Todos al plantearse revertir la debacle macrista.

Sin embargo, y más allá de los montos y porcentajes, el reflejo del libro estuvo en los tonos e intervenciones de la reunión plenaria del Consejo. Aquí, pese al cambio de titular en la cartera laboral, volvió a dominar gran parte del cónclave el único representante empresarial, de los que votan en el consejo, dotado de cuerdas vocales: el interminable Daniel Funes de Rioja. Se trata del mejor ejemplo del contenido del libro que se reseña más arriba. Funes no representa a una empresa, ni a un conjunto de ellas, sino a la COPAL, una asociación ya no de sociedades anónimas sino de grupos económicos que por su posición dominante, diversificada y con integración vertical, gobiernan la cadena de valor imponiendo los precios en el mercado.

Cuando el representante de la CTA de lxs Trabajadorxs, Hugo Yasky, hizo mención a esta falta de responsabilidad empresaria en la formación de precios y pidió que el mínimo alcance los 70 mil pesos en los lugar de los 69.500 fijados, el abogado de los grupos contestó airadamente culpando a los sueldos por la inflación y peleando con uñas y dientes los 500 mangos de diferencia. Un empresario Pyme, Raúl Hutin, de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, salió al cruce de Funes, para expresar que las pequeñas y medianas empresas coincidían con Yasky y que el salario mínimo no podía ser “la naturalización de la pobreza”. La posición de Hutin fue desarrollada luego en un comunicado de su entidad que firma junto a su presidente, Juan Ciolli. Allí sostienen que “la constante caída del salario real sigue atentando contra el poder adquisitivo de la población, afectando de igual modo a las empresas y emprendimientos que vivimos del mercado interno, a su desenvolvimiento y también a su capacidad de absorber mano de obra”. La respuesta del dueño de la pelota a un empresario díscolo fue más ácida aún que las que utiliza con los representantes de los trabajadores. A sabiendas de que Hutin tenía voz pero no voto en la plenaria, Funes de Rioja dijo saber quién era el que habló pero le pidió que vote cuando llegue su turno.

Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, acompañó los planteos de Yasky y Hutin y le pidió a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, que aclare si Funes era el único que podía hablar fuera de su turno para fundamentar el voto porque en ese caso pedía la palabra. Kelly tuvo el tino de llamar a votar y dar por finalizada la simultánea del titular de la UIA.

No se puede combatir la pobreza sin regular el comportamiento de la concentración de la riqueza.

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