Así lo aseguró Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, Santa Fe, localidad en la que se encuentra la cerealera intervenida por el Ejecutivo. También aclaró que no defenderán "a la empresa en lo que tiene que ver con la ilegalidad". "Lo que si defendemos -añadió- es lo que ha hecho la empresa en 90 años de historia".
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