Ser o no ser boleta

Los problemas de un gobierno que asumió sin programa y paga más caro su tacticismo circunstancial que sus decisiones al borde del abismo. | Por Pablo Dipierri

Hay algo peor en política que hacer lo que no se quiere o poner en marcha una iniciativa en la que no se cree: hacerlo a medias o con vacilaciones. Como le enseñara el señor Miyagi a Daniel San en Karate Kid, “si vas por el medio, te aplastan como a una uva”.

Bajo esa óptica, la conferencia de prensa que brindaron ayer los funcionarios vinculados al área de Energía para explicar la segmentación de subsidios a las tarifas de luz, gas y agua fue, probablemente, la peor de todas desde que asumió el Frente de Todos.

Una conjetura posible sería la incomodidad que permea a ciertos cuadros del Gobierno al asumir el costo de una medida antipática, sea porque admiten a contrarreloj que no queda otra que emprender el camino del ajuste que impugnaron a Martín Guzmán o sea porque prevaleció en la interna oficialista el sector que sometió al kirchnerismo a la resignación o al silencio garante de cierta estabilización ante el tembladeral financiero y el desmoronamiento de la coalición. El problema es que si los argentinos aprendieron en la escuela que en el Siglo XIX gobernar estas pampas era poblarlas (exterminio de indios mediante) y con el peronismo el apotegma se convirtió en crear trabajo, el liberalismo de la posdictadura impuso la idea de que gobernar era explicar. Sin embargo, el Frente de Todos parece haber ingresado en una fase de afasia, un trastorno del lenguaje fruto de la sistemática desautorización cruzada y autoinfligida que los principales dirigentes se propinaron en una interna que los dejó tambaleantes. Bajo este diagnóstico, que la sociedad lo entienda sería un milagro más que un ejercicio de madurez democrática.

Porque al desgaste que se sometieron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner en el debate sobre subsidios y tarifas, tramitado a través del ex ministro de Economía y el ex subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en representación de uno y otra respectivamente, le sucedió una serie de torpezas e inconsistencias que profundizaron el daño. Tanto que las asociaciones de usuarios y consumidores advierten ahora que el formulario para la mantención de la ayuda estatal canjeó la concepción del tope para percibirla: hasta la audiencia pública, se consideraba que la quita plena alcanzaría a quienes superasen un ingreso individual de $ 350 mil pero el decreto publicado posteriormente fijó que ese monto sería sumando el dinero percibido por hogar. La irritación es justificada y la afectación sobre el poder adquisitivo de los sectores medios, evidente.

Sin embargo, el rediseño del cuadro tarifario apunta a los estratos más altos del país, aun cuando no necesariamente se trate de familias ricas.

De garpe

De los anuncios se desprendería que los incrementos emulan la lógica del algoritmo. Su opacidad frente a los ciudadanos no es por carencia de discernimiento sino fruto de la dificultad de aplicación, la impericia en su diseño o la abulia para un abordaje político serio.

Así, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, ensayó un menjunje entre el criterio de zonas geográficas superpuesto al nivel de ingresos para detallar los cambios en la factura de gas, porque el consumo en regiones frías duplica al de geografías templadas. Para ejemplificarlo, un cliente que perciba más de $ 350 mil mensuales y acredite una utilización del servicio promedio pasaría de una boleta de $ 1.650 (en junio) a una de $ 3.100 en enero, mientras que un hogar de clase media que conserve una parte del subsidio y acuse una demanda equivalente iría de un pago de $ 1.650 a $ 2.146 en 2023. El resto mantendrá la tarifa con subsidio pleno.

Para el caso de la energía eléctrica, según Clarín, “las boletas aumentarán -como mínimo- un 50%”. Se estima que un cliente de Edesur en Buenos Aires que consume 300 kwt mensuales terpará de $ 1.467 mensuales a $ 2.285 en ese mismo lapso.

Finalmente, AySA readecuará los subsidios en base a un criterio zonal. Para los que la empresa conducida por Malena Galmarini emplazó en sectores “altos” llegará una factura mensual promedio de $ 2.100 en noviembre, un incremento del 150% con respecto a los $ 841 actuales. Los que habiten en lugares estipulados como “medios” escalarán de $ 754 a $ 1.883, pero recién en junio de 2023.

Se recordará que el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubica a partir de este mes en $ 45.540. Y según el último relevamiento disponible del Indec, fechado al cierre del primer trimestre de 2022, las mediciones establecían que “un 60,4% de la población total (17.546.900 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $64.737”. Promediando los ingresos individuales por estratos calculaba que los sectores más postergados llegaban a $23.628; en el estrato medio a $60.689; y en el estrato alto a $155.153.

Estos indicadores, claro está, se calcularon antes del desmadre inflacionario posterior a la renuncia de Guzmán o los acuerdos paritarios alcanzados entre mayo y julio pasados. Solo sirven como referencia para comprender el exiguo margen de los bolsillos y la prueba de fuego para la pericia del Gobierno, que no ha maniobrado con destreza en materia económica hasta ahora.

En síntesis, cualquier agravamiento de las condiciones materiales de los usuarios como consecuencia de la segmentación recaería sobre los hogares que se ubican por encima del promedio, aun cuando no sean ricos. Sin precisiones todavía, la población se notificará del efecto de la quita o la merma de los subsidios recién cuando le llegue la boleta.

 

Sintonía fina o sentimiento

Si se historizara la discusión sobre los subsidios, una exposición sesuda de los argumentos se remontaría al descalabro heredado de las privatizaciones y el estallido de la convertibilidad. En sus albores, el kirchnerismo dribleó para pisar el precio de las tarifas de modo tal que los trabajadores dispusieran de mayor margen salarial para otros consumos y la industria de mayores rangos en su rentabilidad al descontar el costo de la energía como un insumo para la producción.

La crisis mundial del 2008 y el encarecimiento de los commodities, como así también las corridas cambiarias en los prolegómenos de las elecciones del 2011, conmovieron esa matriz política fundacional del Frente Para la Victoria. De hecho, el economista y sociólogo Rodrigo López publicó en la primavera de 2015 un documento para el cuadernillo Sociales en Debate, una publicación de jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que “desde los años noventa, las tarifas eléctricas residenciales estaban distribuidas sólo en dos categorías, T1-R1 y T1-R2. La categoría T1-R1 alcanzaba un umbral de bajo de consumo, hasta 300 kwh por bimestre, mientras que de allí para arriba  -cualquiera sea el consumo-, se aplicaba la tarifa T1-R2. En 2003 se siguió utilizando ese esquema porque el sentido de los subsidios era aplicarlos de manera generalizada para salir de la recesión y consolidar el crecimiento”.

Por otro lado, López aclaraba en ese texto que “no hay una relación exacta entre consumo de electricidad y nivel de ingreso”, pero “es de esperar que exista alguna correlación positiva (por ambientes, electrodomésticos)”. Y agregaba: “a mediados de 2008 se dispuso abrir la categoría T1-R2 en siete tramos, según los consumos de kwh. Se dispusieron aumentos, menos para T1-R1 y la primera categoría de T1-R2. Las tres categorías siguientes tuvieron aumentos progresivos del 7% al 16%. Por tanto, las primeras cinco categorías no sufrieron grandes modificaciones. Es a partir del sexto tramo —1001 kwh—, que los aumentos cobraron una magnitud significativa, superiores al 100%, representando un cambio de política. Pero allí también se buscó progresividad: en el tramo superior a 2800 kwh los aumentos van del 138% al 466,6%”.

La intención del gobierno era por entonces reducir la demanda de importaciones de energía, “bajo la hipótesis que una tarifa plena haría que el usuario reduzca el consumo de dicho servicio”, sostuvo el mismo autor. “El problema es que los servicios públicos, como muestra toda la bibliografía, tienen una elasticidad precio menor a la unidad: su demanda reacciona muy poco al aumento (o disminución) de la tarifa. Por tanto, difícilmente pueda esperarse una reducción importante del consumo por esta vía”, fundamentó.

Por más que motive la ironía el eslogan de Galmarini sobre la redistribución del subsidio, ya en ese momento el constructo formaba parte del debate. Sobre todo, si se repara en que que más del 40% de los hogares está contemplado en el tramo de 0 a 300 kwh.

Lo que más tarde se conoció como “sintonía fina”, luego del apabullante triunfo electoral de la actual Vicepresidenta, parece un poco más complejo de lo que la memoria popular evoca. Porque en la apertura de su segundo mandato al frente de la Casa Rosada, la ex Presidenta promovió la quita progresiva de subsidios al gas y energía eléctrica en todo el territorio nacional (el segmento de distribución es provincial, salvo en CABA, GBA y La Plata) y al agua y saneamiento, para el área de concesión de la empresa estatal AySA.

Recuerda López que, entre los datos curiosos de esa medida, se registran que el 20% de los usuarios ya se encontraban exentos del pago por estar así registrados en la base de los entes reguladores, al igual que los beneficiarios de planes sociales y jubilados que cobraban la mínima. En la cima de la pirámide, resultó sencillo identificar al 20 % que podía afrontar una tarifa plena y la aplicación arrancó por la Ciudad de Buenos Aires porque allí se concentraba el 53% de los subsidios del Estado nacional. Para el resto de la población, se instrumentaron dos mecanismos: la opción de renuncia voluntaria y el cuestionario. Tan solo el 10% renunció por su cuenta, remata el académico.

La polémica, si existiera, requiere un análisis descarnado. Porque como relevara en la misma publicación de la UBA Leandro Bona, licenciado en Economía por la UNLP y magíster en Economía Política por FLACSO, “en 2005 los subsidios a los sectores económicos representaban solamente el 0,6% del PBI, con un monto de aproximadamente $ 3.500 millones”, pero en 2014 “crecieron a un ritmo vertiginoso hasta llegar a los $ 156.327 millones, superando el 4% del producto en 2011, 2012 y 2014”. “Los principales rubros que explican esta dinámica son los de transporte y energía, que juntos representan el 96% del total. Se trata de uno de los gastos más importantes del presupuesto público, superior al 14% del Gasto Público de la Administración Nacional en 2014 y tres veces mayor al total destinado a las asignaciones familiares”, alertaba el investigador en 2015.

El antagonismo teórico se da entre los que reniegan del intervencionismo del Estado vía subsidios, bajo la suposición de que se pisan las tarifas, se distorsiona el mercado, decae la oferta y no se genera conciencia sobre el uso racional de la energía, por un lado; y los que reivindican esta política como herramienta macroeconómica virtuosa, por redundar en ancla nominal de precios internos e incentivo a la industria.

La disquisición podría incluso pensarse bajo la noción de mercancía acuñada por Karl Marx y su valor de uso y su valor de cambio. Al respecto, los trabajadores conciben los bienes y servicios por su valor de uso pero los empresarios como valor de cambio, a caballo del apetito por la maximización de su rentabilidad. Para colmo, al interior de la clase dominante se distinguen los actores que usufructúan de la energía como insumo para la producción y los que la proveen y que, por ende, la venden o constituye para ellos un valor en sí mismo.

De ahí que sea trascendental hacerse de la estructura de precios que permita planificar una política tarifaria que garantice a los usuarios residenciales gozar del servicio, resulte accesible para la producción y no termine capturando al fisco en la lógica especulativa de los dueños de las firmas privatizadas. Si se concede que la paciencia no es de chicle y que la distancia temporal que carga este problema demuestra también la persistente tendencia al cortoplacismo, las repercusiones que deriven de los anuncios realizados ayer quizá alimenten la necesidad de elaboración colectiva de un programa que ofrezca una hoja de ruta clara a la base de sustentación del gobierno.

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