Repercusiones por el pedido de prisión contra Cristina

Solidaridad por Twitter con la Vicepresidenta y reproches de un sector del kirchnerismo al Presidente por la continuidad del asedio judicial. | Por Fabián Waldman

Funcionarios del Gobierno nacional le dijeron a La Patriada que “no entiende” el pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner por parte del fiscal Diego Luciani en la Causa Vialidad “como una amenaza contra el propio Presidente”. Fuentes de Casa Rosada señalaron también que “el fiscal solamente se sintió atacado por lo que había dicho Alberto Fernández cuando dio su testimonio en la causa”. En aquella oportunidad, el 15 de febrero de este año, el Jefe de Estado dijo sobre la distribución del gasto en la obra pública: “es una decisión de carácter político no judiciable, me llama la atención lo que estamos discutiendo en este juicio”. Y este punto fue el que tomó Luciani, indicando que las expresiones del mandatario era una intromisión en el Poder Judicial. Por otro lado, en esa jornada ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, agregó que “no existe ninguna norma que ponga límites y sí existen límites fácticos para poner límites a este uso”.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que el pronunciamiento del fiscal es unpeligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen pendientes” el hecho de condenar a un superior, en este caso la Vicepresidenta, por lo realizado por sus funcionarios.

Ayer hubo una comunicación telefónica entre Alberto y Cristina. La llamada fue realizada por el Presidente desde Casa Rosada y duró alrededor de 20 minutos. “Muy larga”, fue la expresión utilizada desde un despacho contiguo al presidencial. Estas conversaciones están siendo más habituales de lo que creemos, confiaron a este portal.

A lo largo del día, las redes expresaron el interrogante sobre cuándo se expresaría el Primer Mandatario acerca de las palabras de los fiscales acusadores. Luego de 9 horas y 41 minutos del discurso acusatorio de los fiscales Luciani y Sergio Mola, se conoció el comunicado oficial. A las 15:30 y mediante este documento, el Presidente dejó sentada su solidaridad con la Vicepresidenta contra la persecución ejercida contra ella, la inexistencia de delito en la causa y su rechazo a la misma, ya que no ha sido probada su culpabilidad en ninguna parte del alegato acusatorio. Asimismo, las líneas dadas a conocer sostienen que esto forma parte de la campaña de proscripción de líderes populares que se desarrolla en América Latina, más conocida como Lawfare.

La solicitud de 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es una proscripción y atenta contra las posibilidades futuras de Cristina, así como también tiene como leit motiv amedrentar a cualquier dirigente que intente modificar el status quo. Esto ha actuado como disparador y una demostración de unidad del oficialismo: todas las vertientes del Frente de Todos han expresado su convencimiento acerca del ataque de la Justicia hacia la Vicepresidenta. El abroquelamiento ha sido completo detrás del comunicado oficial.

Tanto Massa como la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, además de los ministros del Gabinete Nacional se manifestaron en redes. Tampoco estuvieron ajenos el Partido Justicialista; la CGT, quien habló directamente de la proscripción de Cristina y la arremetida contra el Peronismo. Por su parte, la CTA habló de conjura de los fiscales para proscribir a Cristina y el Movimiento Evita enunció que un gobierno democrático y popular no puede acusarse de asociación ilícita. También emitieron comunicados gobernadores, intendentes y dirigentes sociales.

Caso aparte fue el de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, quien en su cuenta de Twitter reivindicó los gobiernos de la exPresidenta y los unió históricamente con los de Juan Domingo Perón. Además, resaltó que “resiste, no se rinde y que sea tan amada por un sector del pueblo que la sigue queriendo”.

El tema de la Justicia ha sido una de las diferencias entre los componentes de la coalición del gobierno. Desde el kirchnerismo, a lo largo de estos 32 meses del gobierno del Frente de Todos, han señalado cómo se fue degradando la situación en los tribunales federales. La falta de avance en cambios, modificaciones o acciones que permitan llevar adelante una depuración de aquellos jueces nombrados por decretos de Mauricio Macri, la imposibilidad o falta de confianza en poder desmontar el aparato dejado por el expresidente empujaron el país a este presente.

El Presidente ha expresado en más de una posibilidad la necesidad de dejar de lado los “sótanos de la democracia”. Pero no ha puesto en valor la capacidad de convocatoria, reprochan cerca de Cristina, para poder enfrentar a ese sector en el terreno donde mejor pueden jugar: con la movilización popular. En definitiva, se trata de una guillotina que pende sobre la cabeza de una democracia real y no solamente formal.

Lo que no pudo unir el amor lo consolida la persecución contra Cristina. El enfrentamiento del Poder Judicial con el Peronismo es ancestral y quizás marque de aquí en adelante una nueva etapa.

 

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