¿Quién le teme a las primarias?

Por Andy Tow | El proyecto avalado por una veintena de gobernadores para suspender las primarias de 2021 en razón de la pandemia está a consideración del Congreso.

Por Andy Tow.

El motivo principal para eludir la elección abierta, simultánea y obligatoria de candidatos, a nuestro entender, es recuperar el control que supieron tener los ejecutivos provinciales sobre las nominaciones de sus distritos, una influencia que las primarias pusieron fuertemente en cuestión al proveer un recurso legal para forzar la competencia interna.

Empero, el pretexto sanitario sería inocuo si estas instancias electorales no levantaran tantas críticas a lo largo y a lo ancho del espectro político.

Y es que la competencia en las primarias ha sido muy escasa. Incluso los análisis más favorables a este mecanismo de definición de candidaturas constatan que en los diez años de su vigencia en promedio solo una de cada cinco agrupaciones ha presentado para diputados nacionales más de una lista. Hilando más fino, encontramos que alrededor de la mitad de ese quinto tuvo internas en las que la lista más votada más que duplicó en cantidad de votos a la segunda lista más votada.

Un resultado similar se observa calculando para cada agrupación con pluralidad de listas el número efectivo de partidos, una medida usual de fragmentación. Cuatro de cada diez agrupaciones compulsando por las nominaciones registran un valor para este índice por debajo de 1,7, es decir con primarias de baja a nula competitividad.

Es así que en definitiva alrededor de solo una de cada diez agrupaciones hasta ahora ha celebrado primarias con competencia real y no meramente nominal. Y yendo de los números de las urnas a los números de la representación, encontramos que, en efecto, menos de una décima parte de los diputados nacionales de estos diez últimos años entró en virtud de primarias competitivas.

El abrumador resto obtuvo sus bancas en virtud de listas únicas o compulsas absolutamente asimétricas. La situación es peor para la categoría presidencial: los tres titulares del Ejecutivo bajo el régimen de primarias surgieron de compulsas no competitivas: Macri obtuvo cuatro veces la suma de los votos de sus adversarios internos de agosto de 2015, en tanto les Fernández en 2011 y 2019 fueron proclamados favoritos mediante lista única.

Este predominio de las listas únicas produce por otro lado una degradación del proceso electoral, con votantes que en lugar de elegir candidatos van a «hacerles el aguante» y partidos que en lugar de debatir internamente prefieren dirigirse a audiencias cautivas. La reducción de la oferta electoral -en buena medida puramente nominal- y la menor fragmentación en virtud de las primarias son logros fácilmente opacados por este pobre desempeño en materia de mayor participación popular en las candidaturas.

Frente a este escenario, la pregunta sobre qué mecanismo reemplazaría las primarias para la designación de candidatos en caso de suspenderlas o eliminarlas resulta mal formulada, ya que actualmente el alcance en que están cumpliendo efectivamente esa función es mínimo.

Este fracaso en la «democratización» de los partidos a nivel nacional no ha impedido que las primarias abiertas hayan modificado en buena medida el paisaje político general, incluso favoreciendo la renovación de liderazgos. A nivel de ejecutivos subnacionales le son atribuibles casos exitosos de sucesión política, como la primaria entre Larreta y Michetti por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2015 y la celebrada entre Suárez y De Marchi por Mendoza en 2019.

También se puede argumentar que han contribuido a la construcción de una alternativa ganadora, como la puja entre Perotti y Bielsa por la gobernación de Santa Fe en 2019. Con todo, el grueso de las primarias de gobernadores ha servido principalmente para anticipar el predominio numérico de la fórmula única del oficialismo local, que luego es confirmado en la elección general.

A nivel municipal, resulta difícil negar la eficacia de las primarias simultáneas en pasar a retiro a varios «barones» peronistas del conurbano bonaerense. Con todo, respecto a la simultaneidad en general el saldo se asoma negativo: la cantidad de provincias que anticiparon sus elecciones a las primarias de agosto de 2019, incluyendo La Pampa, que nunca había escalonado su proceso electoral, sugiere que tales desdoblamientos respondieron al menos en parte a una estrategia de afirmación de los oficialismos locales a fin de posicionarse mejor en la carrera nacional.

La controversia en el seno de Cambiemos el mismo año respecto a si mantener la unificación de los comicios bonaerenses con los nacionales también ofrece evidencia de un federalismo fuertemente refractario al esquema centralizado de simultaneidad estipulado por las primarias.

En el Congreso, la mayor influencia de la lapicera presidencial en las nominaciones en virtud de las primarias ha corrido a la par del incremento en la disciplina partidaria. Así, en la Cámara de Diputados, la disciplina de los bloques oficialistas según votaciones nominales, que había promediado 70% en los diez períodos legislativos anteriores a las primarias, pasó a promediar 90% en los diez períodos siguientes a su puesta en vigor. Esto no es casual, considerando que las primarias fueron la respuesta de los Kirchner a su derrota en las elecciones de 2009, propiciada por la división de su coalición en el Congreso y las provincias a partir del conflicto por los derechos de exportación.

Por esta ventaja de las primarias para encuadrar los distritos con listas únicas a gusto presidencial o competencias asimétricas haciendo ingresar a la arena legislativa a más leales, que también supo explotar la presidencia de Macri, no debe extrañar que tanto Casa Rosada como la conducción de las bancadas del Frente de Todos no se muestren entusiastas de tratar del proyecto que las suspende.

Alguien podría decir, con buen tino, que la mayor disciplina es positiva, porque en definitiva contribuye a la gobernabilidad. Pero la disciplina alimenta también la polarización política, y ésta puede volverse un problema serio, como atestigua el último proceso electoral en Estados Unidos. Igual, hay otros aspectos emergentes de las primarias a considerar, que van de ruinosos a directamente insólitos.

El primero es el efecto «rey desnudo» -como contracara de la anticipación del predominio oficialista-, que sucedió en agosto de 2019 cuando las chances de reelección del presidente Macri y la gobernadora Vidal a definir formalmente dos meses y medio después se esfumaron luego de quedar más de 16 puntos porcentuales de votos positivos debajo de los postulantes del Frente de Todos.

La posterior campaña del gobierno nacional, que implicó, entre otras, pérdida de reservas en virtud de un límite a la compra personal de divisas absurdamente alto, desfinanciación de las provincias mediante decretos ilegales de reducción electoralista de impuestos afectando recursos coparticipables y escenas de surrealismo político con candidatos, ministros y comunicadores adictos alimentando expectativas irrealistas de revertir el resultado, tuvo un costo económico y social sustancial, que podría haberse reducido con plazos más cortos o directamente suspendiendo las primarias.

La frutilla del postre de este síndrome de pato tullido en estado terminal ha sido la explotación de las primarias como coartada para ese derrumbe económico general, que según las estadísticas oficiales se venía perfilando al menos desde hace un año atrás.

Alguien podría alegar con aparente pertinencia que el problema en este caso no son las primarias sino el mal gobierno. Pero aun así sigue siendo una máxima básica en la ingeniería democrática el diseño de instituciones que minimicen el daño que puedan causar los malos gobernantes.

Uno puede querer mucho que al gobierno le vaya bien o que le vaya mal, pero si un presidente o gobernador que busca la reelección es impopular termina siendo algo muy semejante a un «sincericidio» colectivo hacer una encuesta de altísima precisión que le dé ínfimas probabilidades de ganar con meses de anticipación y lo abarrote de incentivos para hacer de su último tramo de gobierno tierra arrasada al grito de se puede.

El segundo aspecto a considerar son las recurrentes y a menudo irresponsables alegaciones de fraude en unas elecciones en las que no se disputan cargos y donde, como vimos, 90% de las nominaciones en juego están «cantadas», solo porque cual censo de preferencias electorales ostenta gran capacidad de definir expectativas para la elección general.

El problema aquí es que el costo de efectuar estas imputaciones, con su efecto negativo en la confianza en las instituciones públicas y la legitimidad del proceso democrático, tiende a cero, porque tales planteos no llegan jamás a esclarecerse de modo oficial, simplemente porque no hay cargos en disputa que ameriten el esfuerzo de probarlos, dentro y fuera de los estrados judiciales. El colmo de esta modalidad son las versiones de fraude originadas en el mismo gobierno que participa de la organización de las elecciones, otro suceso de tintes surrealistas.

Finalmente, está el problema de los costos, no solamente presupuestarios -como mínimo equivalentes a los de una elección general-, sino también institucionales, siendo que la extensión del proceso electoral afecta inevitablemente la actividad de los poderes públicos, incluyendo el sistema de justicia, siempre atento a la dirección de los vientos políticos.

Recordemos también que las primarias surgieron en un contexto en que el país crecía y se mostraba capaz de asignar importantes recursos a la «democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral», al punto que los operadores políticos y judiciales no tardaron mucho en transigir la letra de la ley y habilitar el financiamiento público de un padrón y medio de boletas por lista interna en lugar de por agrupación, con el predecible reclamo de igual tratamiento por parte de fuerzas con niveles aparentes de fragmentación interna extraordinarios y que difícilmente superen jamás los umbrales para acceder a la elección general, ni que hablar del mínimo para distribuir bancas.

A todo esto bien podría agregarse el mayor esfuerzo en materia de aportes privados para financiar cada dos años dos campañas electorales, una detrás de la otra. En el contexto actual de emergencia es muy difícil insistir en semejante esquema de gastos sin despertar suspicacias sobre los intereses que los sostienen.

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