Perú: ya son 60 los muertos por la represión del gobierno de Boluarte

Las protestas se multiplican y este sábado la policía detuvo a unos 200 manifestantes al irrumpir en una universidad de Lima. Se espera que la crisis institucional de Perú sea un tema central en la cumbre de la CELAC.

La represión de las fuerzas estatales ya se cargó 60 muertes en Perú y las organizaciones de Derechos Humanos no paran de denunciar la violencia institucional del gobierno de Dina Boluarte. Este sábado cientos de policías irrumpieron en una universidad de Lima y detuvieron a unos 200 manifestantes a más de un mes de protestas tras las destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. 

La congresista de centro y exministra de Educación Flor Pablo solicitó formalmente la comparecencia al Congreso del primer ministro, Alberto Otárola, y del ministro del Interior, Vicente Romero, por el asalto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), así como el de la rectora de la casa de estudios, Jeri Ramón.

La organización no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) demandó al ministro Romero y al jefe de la Policía Nacional de Perú (PNP), Raúl Alfaro Alvarado, presentó un recurso de hábeas corpus por los detenidos y denunció un «abuso de poder» del Gobierno y de la Policía por el ingreso al recinto universitario.

La policía entró a la UNMSM

En la casa de estudios donde irrumpió la policía estaban alojadas desde la semana pasada, y con permiso para pasar una noche, delegaciones de manifestantes provenientes desde distintas partes de Perú para participar  de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte.

Entre los detenidos de la UNMSM había al menos tres periodistas de medios del departamento sureño Puno que llegaron a la capital a cubrir las manifestaciones, reportó la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) al reclamar la «inmediata libertad» de los manifestantes.

La Defensoría del Pueblo informó que funcionarios del organismo estaban verificando la «condición legal, integridad y condiciones de detención» de las personas demoradas en las sedes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.

La visita de la CIDH

La represión a la protesta social mantiene en alerta a la región. Los últimos días de diciembre aterrizó en Perú una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación del país.

En su visita, el grupo mantuvo reuniones con autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La delegación también se reunió con familiares de las víctimas de la masacre de Ayacucho. El grupo mantuvo un encuentro con el expresidente Pedro Castillo en la prisión de Barbadillo ubicada en Lima. Castillo había solicitado la visita de la CIDH tras denunciar que estaba privado arbitrariamente de sus derechos.

El 15 de diciembre de 2022, mientras helicópteros sobrevolaban la zona de Ayacucho, miembros del ejército nacional de Perú abatieron a civiles desarmados con balas de plomo. Cuando los manifestantes se acercaron al aeropuerto, las fuerzas armadas abrieron fuego y dispararon gas lacrimógeno directamente contra ellos mientras el ejército disparaba desde los helicópteros. Mientras los cientos de personas desarmadas corrían para salvar sus vidas, los disparos continuaron.

Las autopsias de 10 de los fallecidos en ese despliegue de brutalidad por parte de las fuerzas armadas muestran que seis de las víctimas murieron por heridas de bala en el pecho.

Apenas asumió la presidenta, Castillo cortó la pauta oficial en la prensa peruana. Los medios hegemónicos (Grupo El Comercio, dueño de Perú 21, o La República) dejaron de recibir financiamiento. Desde ese momento, el sistema mediático se dedicó a atacarlo.

«Compatriotas: privado arbitrariamente de mis derechos y, ante la visita de la CIDH en el Perú (…) expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete, de manera urgente, tan importante reunión de la comisión de la CIDH y mi defensa legal», pedía Castillo el 22 de diciembre desde su cuenta de Twitter.

En diálogo con este medio, el politólogo peruano Eduardo Salmón opinó que fue el propio Castillo el que «se colocó en una situación de ilegalidad al intentar un golpe de Estado».

«Castillo asumió con una esperanza de cambio luego de una victoria de la izquierda que no estaba en los planes», escribió Augusto Taglioni para La Patriada web, «pero se encontró con sus propias limitaciones y los condicionamientos de un sistema que no lo quiso desde el principio. La inexplicable decisión de forzar un autogolpe, cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial fue, además de una actitud profundamente antidemocrática, una absoluta torpeza política y el tiro de gracia que faltaba para sentenciar su salida».

Las movilizaciones populares

Las manifestaciones comenzaron el 7 de diciembre tras la destitución y detención de Castillo, a quien sucedió Boluarte en su condición de vicepresidenta.

Al menos 60 personas murieron y más de 1.200 resultaron heridas a manos de las fuerzas represivas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo. La mayor parte de los asesinatos cometidos por las fuerzas del Estado sucedieron en el departamento de Puno.

En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el Parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso. El parlamento peruano está integrado por una mayoría de partidos de derecha cercanos al fujimorismo.

El estado de excepción que decretó el gobierno de Boluarte agudiza la protesta en el interior del país. Los focos están en los departamentos de Ayacucho y Cusco. Quienes reclaman en su mayoría son campesinos, estudiantes y trabajadores empobrecidos. En Ayacucho también hubo decenas de muertos. La policía no improvisa. Por el momento no hay muertos en Lima ni en Arequipa, las zonas más ricas del país.

«Ya no son grupos del sur, también hay universitarios, sectores que defienden los Derechos Humanos»

La represión selectiva pone de manifiesto el racismo estructural que sufren las mayorías oprimidas en Perú, algo que se repite en toda la región.

Entrevistado por el programa Todos en Cuero, Salmón remarcó que «las manifestaciones vienen siendo violentas por la represión del Estado no por los manifestantes».

Diplomacia y la CELAC

La crisis del Perú será acaso el tema principal de la cumbre de la CELAC que se realizará este martes en Buenos Aires. El venezolano Nicolás Maduro anticipó la posición de los países más de izquierda que integran el bloque del ALBA pidiendo que la CELAC condene la destitución de Castillo.

«Vamos a ver qué pasa en la Celac, cada país tiene su propio juego geopolítico pero Dina esta bastante acorralada, no puede viajar ni salir del país porque no puede ser reemplazada. AMLO fue claro junto a Argentina, Honduras, Bolivia y Colombia en cuestionar su rol», sostuvo Anahí Durand, politóloga y exministra de Pedro Castillo.

Fuente: Agencia Télam y FM La Patriada

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