Organismos de DDHH reclaman el indulto presidencial para Milagro Sala

A siete años de la detención de la dirigenta jujeña, el Comité por la libertad de Milagro Sala exigió la intervención del Estado nacional.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) junto a referentes sociales, sindicales, políticos y de la cultura realizaron un encuentro abierto para exigir la libertad de la dirigente social Milagro Sala, al cumplirse 7 años de su encarcelamiento.

En el séptimo aniversario de la privación de su libertad, la misma Sala reiteró sus deseos de recibir el «indulto» presidencial y consideró que el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena no es más que un «acuerdo político» con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien hace unos meses pidió cárcel común para la dirigenta jujeña.

Los abogados de Sala señalan que el sistema internacional de Derechos Humanos y particularmente el Tratado de San José de Costa Rica establece que las vulneraciones y violaciones cometidas en un Estado provincial obligan a los Estados nacionales a tomar las medidas reparatorias correspondientes.

A fines del año pasado, Alberto Fernández aseguró que no puede indultar a Milagro Sala porque la Constitución se lo prohíbe. “Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales”, dijo el mandatario, en medio de los reclamos de sectores del Frente de Todos para que se dicte un decreto que cambie la situación que vive Milagro desde enero del 2016.

Para el equipo legal de Sala, tanto las Naciones Unidas como la OEA interpelan al Estado Nacional y no a los Estados provinciales y por lo tanto, el Presidente debería poder intervenir en el caso.

En una entrevista concedida al programa Todos en Cuero, el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, expresó: «Le exigimos al Presidente (Alberto Fernández) que use la lapicera para indultar a Milagro Sala».

En diálogo con este medio, el referente sindical argumentó: «Si tenés una provincia donde la Corte Suprema provincial está atentando contra el derecho de una ciudadana vos tenés la obligación estructural de tomar decisiones frente a eso».

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que en la detención de la dirigente social se da un «uso político del encarcelamiento» a través de la «construcción de una sucesión de acusaciones para disciplinarla», y reiteró que el «hostigamiento político y judicial» que sufre la referente de la Tupac Amaru afecta su salud.

Por su parte, Estela de Carlotto reclamó: “Si hay alguna salida instamos al Presidente a que la tome, con tal que esta mujer, esta querida amiga, esta patriota, recupere la libertad”.

«Quiero sumarme al abrazo a Milagro y al pedido para que sea sea definitivamente el camino del indulto el que abra las puertas de la libertad», añadió Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, en la conferencia de prensa.

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, señaló que la referenta de la Túpac Amaru «estaba reclamando el derecho al trabajo y a la vivienda de sus conciudadanos y eso es lo que la llevó a la detención».

Sala lleva siete años como presa política del gobierno del radical Gerardo Morales. Ese monto triplica el máximo establecido legalmente.  Mientras tanto, el Poder Judicial jujeño continúa impulsando causas contra ella y su familia.

La dirigenta social acumula unas 15 causas en la Justicia, mientras cumple prisión domiciliaria, después de cinco años detenida entre prisiones de este tipo y la cárcel común. La Corte Suprema  ratificó la única condena actual firme, a tres años de prisión, por considerarla «instigadora» de un escrache a Morales en 2009.

Pese a cumplirse hoy, 16 de enero, un nuevo aniversario de su detención, Sala aseguró en una entrevista radial que no recibió ningún llamado de dirigentes del Frente de Todos y que todavía espera el indulto del presidente Alberto Fernández.

Fuente: Todos en Cuero – Fm La Patriada 

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