Ni candidata ni mascota

La Vicepresidenta pateó el tablero y desafió a sus verdugos, anunciando que no será candidata en 2023. Antes de acusar a Héctor Magnetto de que la quiere presa o muerta, caracterizó al Poder Judicial y su connivencia con la prensa como una mafia. | Por Pablo Dipierri

“Mi perro dinamita está fiero como un tártaro
y gruñe ­ ¡No! Rechaza ­¡No!
No mueve el rabo con docilidad,
ni da la patita, ni hace el muertito
y aúlla este rock’n roll”.
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

 

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que no será candidata a presidenta en 2023. Así, desafió a todo el Poder Judicial y, en particular, al dueño del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a que la metan presa porque no apelará a blindarse en sus fueros. Con visceralidad, le espetó al propietario del holding más grande del país: “¿Mascota de usted? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”.

Sobre el final de la exposición que brindó por su canal de Youtube después que se conociera la sentencia del TOF Nº 2, dijo: “La condena real es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esta es la verdad de la milanesa”, y agregó: “Voy a hacer lo mismo que en diciembre de 2015. No voy a ser candidata a nada. Magnetto puede pedir a sus esbirros que me metan presa”.

Visiblemente embargada por la emoción, sostuvo que la pena es contra “un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo”. “Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente”, ilustró, y añadió que se trata de “un sistema disciplinador, no con los que piensan como ellos, sino fundamentalmente con el peronismo, los que tenemos compromiso con la gente”.

Su renunciamiento anticipado desató una reacción casi instantánea en la militancia, que se autoconvocó para ir hacia el Congreso en apoyo a su líder. Entre la tristeza de muchos por la posibilidad de que se consume una fórmula del Frente de Todos sin su nombre en la boleta y la comprensión de otros tantos acerca del gesto táctico y la acción política más astuta y valiente de los últimos años, diversas agrupaciones kirchneristas marchaban hasta el centro porteño.

Uno de los primeros funcionarios nacionales en manifestarse públicamente tras sus palabras fue el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, quien expresó: todo un pueblo te defiende, la verdad está de tu lado y la historia te respalda.

Antes de patear el tablero con esa definición, la Vicepresidenta se había referido al fallo del tribunal por la Causa Vialidad. “La condena ya estaba escrita”, dijo. Condenada a 6 años de prisión e inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sostuvo que “no sorprende” el fallo y cargó contra el Poder Judicial en general y el togado Julián Ercolini en particular, quien no encontró delito cuando tomó la causa durante el apogeo kirchnerista y la remitió a Santa Cruz para archivarla pero la reabrió en 2016, cuando el macrista Javier Iguacel llegó con un patrullero a Río Gallegos para presionar a funcionarios con el propósito de falsear documentos públicos. “Cuando hace todo eso un juez y es ratificada esa conducta por todas las instancias superiores hasta la Corte Suprema, está claro que la idea era condenarme”, graficó la ex Presidenta.

En ese sentido, concedió que “lo raro de la condena de hoy es que es por administración fraudulenta”. Por eso, repuso la letra del inciso 7 del Artículo 173 del Código Penal, que establece que “el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. Como ya sostuvo en intervenciones anteriores, la Vicepresidenta advirtió que la obra pública se estipula en el presupuesto que vota el parlamento y se ejecuta con la supervisión de la Jefatura de Gabinete, alegando que mal se puede responsabilizar a la primera mandataria sin que se pose la mirada sobre legisladores y ministros coordinadores.

Bajo ese enfoque, consideró que “esta condena no es una condena por las leyes de la Nación”, y reflexionó sobre su apelación a conceptos teóricos como el Lawfare o la idea del Partido Judicial. “Esto es un estado paralelo y mafia, mafia judicial”, espetó con llaneza, y lo describió como “un sistema paraestatal, donde se decide la vida de los argentinos y está por afuera de los parámetros electorales”. “Este es el sistema que está funcionando bajo la pomposa y falsa denominación de Poder Judicial”, aseveró.

Luego se zambulló a un exhaustivo repaso de los chat de Telegram que se hicieron públicos por el hackeo al teléfono del ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro. Como ya se informó aquí, la revelación de esos intercambios dejó al desnudo las evidencias de la conducción del política que ejerce el poder económico sobre el Poder Judicial: un gerente de Clarín, Jorge Rendo, y el titular de la asesoría letrada y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, coordinan allí con los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola; el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques, y el propio ministro del gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta la mejor manera de atajarse frente al escándalo que efectivamente generó y para evadirse de la imputación del delito de dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los fundamentos del fallo publicado hoy se conocerán el próximo 9 de marzo. Se abrirá a partir de ahora el debate sobre la importancia de que el presidente Alberto Fernández indulte a la Vicepresidenta, ante la falta de garantías constitucionales y la alevosa vulneración de derechos procesales.

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