Massa asumió como ministro pero habló como presidente

Con 16 enunciados que cabalgan entre medidas a concretar e intenciones políticas, el líder del Frente Renovador entró en funciones. "No soy supernada, ni mago, ni salvador", dijo. | Por Pablo Dipierri

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, trazó una suerte de programa como si ejerciera la primera magistratura del país en una situación de emergencia. Tras la jura en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, brindó su primera conferencia de prensa desde el microcine del Palacio de Hacienda y enunció sus objetivos, dividiéndolos bajo el paraguas de “principios y motores” cuya consistencia se probará enseguida.

Antes de anunciar en general las medidas que impulsará, agradeció al presidente Alberto Fernández “por la confianza depositada”. “Espero estar a la altura de las expectativas”, abundó casi en homenaje al mandatario que le tomó juramento y se despidió de los invitados en Casa Rosada, bajándose por el costado del escenario y dejando a Massa como anfitrión.

Luego de ese acápite, el tigrense concedió que “el desafío es enorme y que, si bien las dificultades son muchas, el contexto global se puede transformar en una enorme oportunidad para Argentina”. Entre los obstáculos, mencionó los efectos de la guerra en Ucrania y, entre las chances favorables, mentó el valor de la energía, las proteínas y el conocimiento, en tanto bienes que el país produce.

En ese sentido, apuntó contra las mismas publicaciones periodísticas que su entorno sembró durante semanas, para que se lo promoviera como “superministro”. “Leí desde cuestiones vinculadas a un salvador, una bala de plata o un superministro”, señaló con gesto adusto, y moderó sus ambiciones a la de “unificar áreas clave” en el manejo de la economía. “No soy supernada, ni mago, ni salvador, vengo a trabajar de una manera muy comprometida para que a Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor”, completó.

Para eso, llamó a todos los sectores a la epopeya por delante porque, a su criterio, “la riqueza la tenemos que construir entre todos y todas”. “Gobierno y oposición, empresarios y trabajadores, campo e industria, organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil”, graficó.

Finalmente, se zambulló a la glosa de los principios, sintetizados en cuatro puntos: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión social.

Para el primero de esos ítems, ratificó que se cumplirá con con la meta del 2,5 del déficit primario establecida en el presupuesto sancionado por DNU ante el naufragio en la fatídica sesión de diciembre pasado, cuando la oposición se ofuscó por las palabras del diputado Máximo Kirchner y abandonó el recinto. También dijo que no se utilizarán adelantos del Tesoro para lo que resta del año; que regirá el congelamiento de la planta del Estado y, además, cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas; y que, ante el encarecimiento de la energía y el agua, se sostendrá la segmentación y se profundizará a través del ahorro por consumo, redundando en un aumento de la tarifa para aquellos usuarios que incrementen la demanda en sus hogares.

Con respecto al superávit comercial, cifró sus intenciones en la defensa de “cada dólar de cada argentino; incrementar exportaciones y controlar abusos en importaciones”. Así, adelantó que habría “regímenes con beneficios para incremental de exportaciones”; se atacaría el abuso detectado en “mecanismos de triangulación” (13 mil operaciones de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían a la Argentina); se impulsaría la “financiación de exportaciones para aumentar el volumen y la cantidad de empresas argentinas que exporten, con esquema de garantías para primeros exportadores”; y se desarrollaría un “sistema de trazabilidad para el comercio exterior, para mayor control y transparencia en el uso de la divisa para las importaciones”.

En el plano de las reservas, explicó que se instrumentará un “esquema de adelanto de exportaciones con cadenas de valor de la pesca, el agro, la minería y otros sectores” (estimado en 5 mil millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas); el Estado recibirá un “desembolso de 1200 millones de dólares por programas internacionales”; se evaluarán ofertas de fondos extra; y se mantendrá el vínculo con el FMI, con cuyas autoridades –según confesó- ya hubo una “reunión de trabajo productivo para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos de estas medidas”.

El último de los principios, el del Desarrollo con inclusión, incluye el anuncio del nuevo índice de movilidad jubilatoria pero con refuerzo contra la inflación para el próximo 10 de agosto; un encuentro para el jueves de la semana próxima, entre empresarios y trabajadores, para diseñar un mecanismo de recomposición de ingresos para los que perciben entre 50 mil y 150 mil pesos; un “reordenamiento de los programas sociales” con una auditoría a cargo de la universidades que se lanzará a partir del próximo 15 de agosto; y la “unificación de todos los programas de crédito que tiene el Estado nacional” para los sectores productivos, las pymes y el comercio, calculando en 400 mil millones de pesos el volumen de dinero “para sostener la tasa de crecimiento y la recuperación de empleo”.

Asimismo, se permitió cuatro consideraciones puntuales antes de las preguntas de la prensa. Por un lado, se comprometió a “licitar el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner”, alumbrar un programa para 70 mil nuevos programadores, lanzar un canje voluntario hasta el martes próximo para los vencimientos de la deuda en pesos de los próximos 90 días “contra los que especularon con el reperfilamiento”, y solicitó rápido tratamiento de las leyes necesarias en el Congreso y un armisticio con la Mesa de Enlace para “trabajar juntos”.

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