Los hijos del furor

Entre el gobierno del dólar como piedra angular de todas las disputas y los corcoveos del peronismo, Argentina sigue siendo hablada por la lengua de 2008. Incidencia presuntamente accidental, la Resolución 125 abrió un antagonismo irreductible que se agudizó hasta niveles que achataron la política y todavía agobian a la sociedad. La lapicera del Presidente, la proscripción de la Vicepresidenta y los bonos del ministro de Economía. | Por Pablo Dipierri

“El dólar a 3 pesos está bien para la Argentina”, dijo Néstor Kirchner el 18 de mayo de 2003, siete días antes de asumir la Presidencia de la Nación y tres semanas después que Carlos Menem se rehusara a compulsar contra el patagónico en ballotage. “No me disgustan los niveles en los que está el dólar ahora, es bueno para la producción interna, para los exportadores, para la recaudación y para estimular la competencia”, agregó el mandatario electo según consignó Clarín.

Por aquellos días, la divisa norteamericana había registrado una tendencia al alza luego de la caída de la convertibilidad, a fines de 2001, y la devaluación instrumentada por Jorge Remes Lenicov a principios de 2002, cuando el tipo de cambio se ubicó en 4 pesos por dólar. El bamboleo político de los meses subsiguientes reacomodaría la cotización de la moneda estadounidense en torno de los 3,50 pesos y descendería por debajo de los 3 pero volvería a trepar con el calendario electoral. Cada oscilación en su valor ungía ganadores y perdedores pero Kirchner, compartiendo los lineamientos que había desarrollado Roberto Lavagna al frente del Palacio de Hacienda desde que eyectaron a su antecesor, defendía la apreciación del billete verde porque apostaba al saldo favorable en la cuenta de comercio exterior contra el deterioro del poder adquisitivo derivado del pass-trough.

Paradójicamente, el presidente Alberto Fernández profirió declaraciones similares 48 horas después de las PASO de 2019, cuando le ganó con holgura a Mauricio Macri. Según Ámbito Financiero, el por entonces Jefe de Estado “incendió la economía Argentina”, culpando a los votantes que eligieron al Frente de Todos por la corrida cambiaria. “Pensá qué vamos a hacer mañana porque perdimos por 15 puntos”, le habría dicho a su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mientras todavía degustaban sanguchitos y masticaban angustia por los datos del escrutinio que llegaban hasta el búnker cambiemita de Costa Salguero. Al día siguiente, el mercado registraría una devaluación de 23 por ciento en la moneda local.

Ante ese cuadro de situación, el candidato triunfante jugaría, tal vez sin recordarlo, una paráfrasis de Kirchner: “el dólar a 60 pesos está bien”, afirmó. En diálogo con radio Mitre, el ex jefe de Gabinete argumentaría por esas horas que “cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que se empobrecen”. Las tribus del oficialismo que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner reprocharían a la postre, sin observar el registro pingüino fechado dos décadas antes, esa bendición gratuita de Fernández al terrorismo financiero del macrismo. Entre la responsabilidad como estadista y la conversión de Hernán Lacunza, sucesor de Dujovne, en Remes Lenicov, el ganador de agosto del 19’ optó por la primera y asumió en diciembre con el asedio y la voracidad devaluatoria del establishment en la nuca.

Casi cuatro años después, las presiones de los especuladores son más intensas y las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) apenas cubren la demanda para importaciones y las metas acordadas con el FMI. La refriega interna de la coalición gobernante sumió al binomio presidencial en el descrédito social y activó signos de agotamiento, incluso, en el seno de su base de sustentación. La fragilidad política y el abismo que se abrió a los pies de les Fernández los empujaron a delegar la administración en Sergio Massa, quien fue relevado de la conducción de la Cámara de Diputados para hacerse cargo del 5º Piso del edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250. El tigrense tiene la difícil misión de hacer lo que el primer mandatario no pudo y lo que la vicepresidenta Cristina Kirchner resistía con imputaciones ideológicas descalificadoras contra Martín Guzmán.

 

Martín Guzmán cuando presentó la propuesta argentina para renegociar la deuda externa en la Quinta de Olivos

 

La audacia y el riesgo

Ni temerario ni temeroso, Massa anunció esta semana la recompra de deuda externa en manos del sector privado por orden de 1000 millones de dólares, actuando con arrojo ante la suba de 32 pesos en la cotización del dólar paralelo en lo que va de enero. Amparado en la trabajosa recomposición de las reservas del BCRA, el incremento de exportaciones por el incentivo de los tipos de cambio diferenciales por sectores y el achicamiento del déficit fiscal, el funcionario explicó que la iniciativa busca mejorar el perfil de Argentina para que las empresas y el Estado accedan al financiamiento internacional. Además de adelantar que continuaría con resoluciones como la que se publicó el pasado miércoles por Boletín Oficial, se jactó de la baja en el Riesgo País.

Firmada por Raul Enrique Rigo y Eduardo Pablo Setti, secretario de Hacienda y secretario de Finanzas, respectivamente, la resolución conjunta 1/2023 establece en su artículo 1º “la realización de operaciones de compra de los títulos de la deuda pública”, y se aclara que la instrumentación “se llevará a cabo a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su calidad de Agente Financiero del Tesoro”.

Las primeras interpretaciones de la medida apuntaban a la intención de generar expectativas favorables entre los operadores de la city y la patria financiera. También se ponderaba la necesidad de darle un sostén a la cotización de la deuda soberana, adquiriendo títulos que incrementaron su rendimiento notablemente en los últimos meses. Al cierre de la jornada cambiaria, el dólar blue sólo había bajado 2 pesos pero los bonos treparon 11 por ciento en la apertura, aunque luego se estabilizaría en 6 puntos.

Dependiendo del espectro ideológico que habitaran, los comercializadores de información financiera destacaron la inteligencia y la audacia o alertaron sobre el riesgo y la falta de sentido de oportunidad. Si se considera que los bonos que el Estado nacional comprará son los Globales emitidos por Guzmán en 2020 y que esos títulos se utilizan para hacerse de dólares financieros (MEP y Contado con Liqui), se podría inferir que el ministro está concentrado en el gobierno del papel yanqui. Así como en noviembre respondía a sus interlocutores de ocasión que “ni en pedo” devaluaría, ahora driblea en campo minado desactivando cualquier hinchazón del terreno que pueda resultar explosiva. Que el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, calificara la asunción de Massa al frente de la cartera económica como “valiente”, en una entrevista brindada a la emisora AM 530 -a escasas horas de la difusión de la resolución conjunta-, exime de mayores consideraciones: como referente encumbrado de La Cámpora, su palabra está orientada no sólo al respaldo público del ministro sino a la contención de la tropa propia.

En definitiva, las concesiones al establishment profundizan la subordinación de la Casa Rosada al poder económico pero se inscriben en la órbita de una gestión que ha decidido desplazarse en el tiempo que queda hasta la cita con las urnas sin colisionar con los problemas que constelan a su alrededor. De ahí que el oficialismo en pleno contenga la respiración sin hacer olas.

 

La carambola y el encanto

El obstáculo para una comprensión de la etapa actual que se asiente sobre la observación de la disputa en desarrollo es la distorsión interpretativa del conflicto por la Resolución 125, en 2008. La afectación de la soberanía en la puja permanente con los sectores dominantes por el manejo del dólar no empezó con Fernández ni con Macri, siquiera con Kirchner o Menem. Podría remontarse, si se mirase con atención, al primer peronismo y las lecturas alrededor de la sustitución de importaciones, merced a la captura de un porcentaje de las exportaciones a través del IAPI que conducía Miguel Miranda. Asimismo, registraría una agudización del embrollo con el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial y el canje del patrón oro por la moneda yanqui.

Sin embargo, el surgimiento accidental del antagonismo kirchnerista con los productores rurales, a partir del 11 de marzo posterior a la asunción de la por entonces Presidenta, nubla las perspectivas. Con ese acto administrativo, “Economía aumentó en 9,1 puntos el derecho de exportación hasta ahora vigente para la soja –pasó del 35 por ciento al 44,1 en promedio–, en 7,1 puntos el del girasol –lo llevó a 39,1 por ciento promedio– y redujo en 0,8 puntos el derecho correspondiente al maíz y 0,9 por ciento el de trigo –antes, en 25 y 28 por ciento de retenciones–“, según apuntaba al día siguiente Página 12. Rubricado por Raúl Dellatorre, el artículo indicaba que “el ministro Martín Lousteau defendió el nuevo esquema de derechos de exportación móviles, asegurando que es más eficiente para evitar el traslado del alza de los precios internacionales a los valores domésticos. Lo que queda por verse, en referencia a la mencionada eficiencia, es cuál será el comportamiento de los exportadores, y si transferirán en forma equitativa los beneficios y costos a la producción. Hasta ahora, la realidad está lejos de esos signos de transparencia”.

Hasta ese momento, el Frente Para la Victoria (FPV) había transitado una hoja de ruta con hitos como el saneamiento de las instituciones, el impulso decidido para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad, la recomposición de los ingresos y el desendeudamiento, entre las principales banderas. El temario antagonizaba con la agenda del diario La Nación y los dueños de las grandes empresas pero todavía no se había erigido un actor que disputase seriamente el escenario al mandatario saliente y su sucesora, eximia legisladora hasta que ocupó el Sillón de Rivadavia.

La repulsión y la saña de la respuesta mediática y la postura destituyente del ruralismo argentino pusieron a la creciente base de sustentación oficialista a la defensiva. Ante la resistencia de los productores agropecuarios, el Poder Ejecutivo giró la resolución al Congreso, para que se debata en ambas cámaras, y se vivieron cuatro meses de una intensidad política que partió la pantalla televisiva en dos y se montaron tres carpas en la plaza ubicada frente al parlamento –una en contra del gravamen, animada por terratenientes, arrendatarios y chacareros; otra a favor, montada por militantes peronistas; y una equidistante, nutrida por el trotskismo y sus satélites-.

La vorágine y el vértigo de un gobierno que encontró en esa pelea el quid de su narrativa hicieron perder de vista que los hechos se desataron de carambola, por un cálculo erróneo de Lousteau en el seno de una experiencia política que no estaba dispuesta a retroceder en chancletas.

Más allá del carácter contrafáctico de la pregunta, la sagacidad inquiere si acaso la refriega no hubiera surgido igual bajo cualquier otro tópico y formato, frente a un bloque dominante que empezaba a reconfigurarse después del estallido del 2001 y su cálculo acerca del aumento del consumo, los límites de la capacidad instalada versus la capacidad ociosa de la industria y la restitución de un relato político que amenazaba con desafiar al poder permanente. No obstante, los análisis posteriores coincidirían en el enfoque: el crecimiento económico con inclusión que pregonaba el FPV chocaba contra el retaceo a la reinversión de utilidades empresarias, que especulaban con tensión inflacionaria en la puja distributiva mientras preparaban la construcción de una coalición opositora a nivel nacional con la ciudad de Buenos Aires, conquistada ya por el Pro, como cabecera de playa.

Tales variables del modo de ser de los jerarcas que antaño se denominaban capitanes de la industria y más tarde se los acuñó como oligarquía diversificada ilustran mejor que la épica entusiasta de la agitación de aquel otoño que transcurría mientras asomaba el desmoronamiento de las hipotecas subprime. Hijos del furor de aquellas jornadas, los activistas que hoy se identifican con la Vicepresidenta suelen romantizar la gesta de una resolución fallida, como si hubiera sido alumbrada con pretensiones revolucionarias cuando hasta la mismísima líder del espacio ha facturado la responsabilidad a Lousteau, sin contar las recriminaciones de otros funcionarios o referentes de aquel gobierno y La Cámpora, posteriormente.

Redactado para hacerse de divisas en un contexto de suba brutal de la cotización de los commodities, el articulado de las retenciones móviles tributaba al humilde e incuestionable objetivo de evitar el traslado de ese incremento del valor de los granos a los precios locales de los alimentos y cuidar las arcas del BCRA. Ni yanquis ni marxistas, Kirchner y Fernández apostaban a la administración ordenada de la libreta de almacenero. Tan es así que la tapa de Clarín del 13 de marzo de 2008 no sólo lleva como título principal la declaración de “dos días de paro del campo”, sino que publica un “suelto” donde se comunica que la entidad crediticia de la calle Reconquista, en el microcentro porteño, acumula 50009 millones de dólares de reservas, la obsesión kirchnerista.

En síntesis, la estetización ideológica de esa época conspira contra la politización del relato que necesita el Frente de Todos para prevalecer en 2023. La lengua del 2008 no se traduce con el mismo encanto a los oídos de una mayoría social dispersa pero atenta a nuevas demandas.

Allí también deben buscarse las razones de la Vicepresidenta para no anotarse en las boletas y la terquedad del presidente Alberto Fernández para pavonearse con ánimos de revalidarse en su cargo. Un funcionario del gabinete confesaba ante La Patriada que el Jefe de Estado imagina que la módica estabilización de la economía y la subjetividad incomprendida de una sociedad agobiada por la chatura política le darían chances de competir. Con aires de ajenidad ante la trifulca intestina del oficialismo que lo entronizó, repite a su entorno: “somos mejor gobierno que fuerza política”.

Entre lo demencial y el grotesco, el peronismo ostenta una plana mayor con un presidente que, a su vez, es titular del PJ a nivel nacional y podría usar la lapicera como le plazca de cara al cierre de listas; una vicepresidenta que no quiere ser candidata a nada para que los adversarios no ataquen en su nombre al partido que ella siempre militó, en un gesto político de brillantez incomparable; y un ministro de Economía con amague, pique y repentización para desmarcarse y recibir la pelota cuando le convenga. En resumen, uno dice que quiere y puede aunque nadie se lo pida, otra dice que no quiere aunque la piden con fervor y el tercero cree que puede y se sabe que quiere pero pide que no se lo pidan, por ahora.

Los grupos económicos, en tanto, gozan en los cuarteles del comando político de operaciones financieras. Les sobran pertrechos judiciales, municiones mediáticas y soldados parlamentarios. En las trincheras plebeyas, al cierre de esta nota, rigen la intriga y el desconcierto. Y más allá, la inundación del desinterés.

También podés ver...

Juntos por el Cambio amenaza con sancionar a sus dirigentes provinciales

Ante las rupturas en los frentes provinciales de cara a las elecciones anticipadas, la coalición opositora dispuso que quienes no se ajusten al reglamento del partido "no podrán utilizar las siglas de JxC en alianzas, colectoras o lemas".