Los conocidos de siempre

Héctor Recalde desmenuza las críticas corporativas a los derechos laborales consagrados por el peronismo.

Otra vez, desde algunos sectores del empresariado en forma abierta o encuebierta, pretenden avanzar sobre derechos elementales y tal vez primarios de los trabajadores. El foco lo están poniendo fundamentalmente en relación a lo que, de acuerdo a la doctrina jurídica, se denomina la estabilidad impropia del asalariado argentino. Qué es la estabilidad impropia; es el que caracteriza quien es el dueño del empleo: el empleador.

Obviamente ese derecho no es absoluto, es relativo como la inmensa mayoría de los derechos establecidos por la ley. Diría que el único derecho absoluto es el derecho a la vida.

Las versiones que están hoy en la palestra en algunos casos o falsean la verdad o la ignoran. Ejemplo de ello es criticar la prohibición de los despidos establecida el 13 de diciembre de 2019. Esto se da cuando afirman que no contratan nuevos trabajadores, precisamente por esa prohibición. La verdad de la milanesa es que hoy los empresarios no tienen esa limitación, es decir, los nuevos trabajadores si son despedidos sin causa no tienen derecho a esa protección.

No me parece superfluo señalar que esa estabilidad impropia se estableció en la Constitución Nacional en 1957 durante la llamada revolución “libertadura” como forma que tuvo el golpe de estado de 1955, que derrotó al gobierno del Gral. Perón, de congraciarse con la mayoría del pueblo argentino que apoya la ideología peronista.

Destaco que la historia no termina ahí. La reforma constitucional de 1994 tiene entre otras virtudes la de haber incorporado, valga la redundancia, con jerarquía constitucional el principio de justicia social. El art. 75 inc. 19 establece la progresividad de los derechos y le da rango de ley suprema a un principio tan caro para nosotros, los peronistas como es el de justicia social. Recordemos que las tres banderas de nuestra ideología son la independencia política, la soberanía económica y la justicia social.

Aquellos que quieren, a partir de varias denominaciones, como el invento de la “mochila” sustituir el sistema indemnizatorio por una suerte de un seguro o un resguardo como el que tienen los trabajadores de la construcción, chocan con un obstáculo que es la propia Constitución Nacional por cuanto para lograr la desaparición de las indemnizaciones tendrían primero que modificar la ley suprema.

No está demás señalar la especificidad de la actividad de la construcción, en primer lugar por su propio ADN es una actividad precaria. Hay obras que pueden tener una extensión de quince o veinte días y a lo sumo una obra nueva puede demandar uno o dos años, pero durante ese lapso la ocupación será total para una mínima cantidad de trabajadores. Por ejemplo, ni los albañiles, los carpinteros, los electricistas, los pintores trabajarán durante toda la obra.

Pongo en relieve que además en esa actividad el 80 % de los trabajadores no está registrado.

Cuando se atacan los derechos del asalariado afirmando que son un  obstáculo para la creación de empleo, mostrando mi amplitud ideológica, me permito señalar al expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton que en relación a este tema afirmaba: “Es la economía, estúpido”.

No es mi estilo el uso de estos adjetivos calificativos pero sí reafirmar que la evolución del producto bruto interno responde a la política económica que articulen los gobiernos y no los derechos de los trabajadores.

En nuestro país el consumo interno ocupa entre el 70 y el 75 % del producto interno bruto, de ahí la importancia de que los salarios tengan la mejor capacidad adquisitiva posible. En otro orden de cosas recuerdo, que en el país del norte hay una mecánica discursiva que denominan “la defensa canalla”. Aclaro, por si acaso, que no se refieren al club de fútbol Rosario Central. Por qué digo esto, porque tanto los jueces laborales como los abogados laboralistas son víctimas propiciatorias de las descalificaciones del establishment. De ahí viene la peyorativa afirmación de “industria del juicio”.

Me puse a investigar en los tribunales laborales nacionales de la Capital Federal la estadística de iniciación de reclamos judiciales, por aquello de que la única verdad es la realidad. Bajaron la cantidad de demandas por despidos. Así también lo hicieron los reclamos por accidentes de trabajo o enfermedad inculpables.

Rápidamente aclaro que no se debe a que exista mayor prevención ni mayor seguridad en los establecimientos, lo que sí existe es la barrera inconstitucional que la normativa macrista puso al acceso a la justicia. Esto sucede porque obligan, violando la constitución, al trabajador a ir a una antesala del infierno, como paso previo a la iniciación de la demanda, que son las llamadas Comisiones Médicas. Como frutilla del postre, aclaro, que hay en nuestro extenso territorio nacional, en diecisiete distritos tan solo una sola comisión médica. Córdoba, una provincia de gran extensión territorial tiene seis comisiones médicas, o sea casi nada.

El ataque avanza también sobre los sindicatos tratando de demonizarlos. Me parece bueno citar a alguien muy ajeno a mi pensamiento ideológico para llegar a alguna conclusión que luego explico.

Winston Churchill decía que la democracia puede ser un mal sistema pero no conocía otro mejor para representar los intereses de la ciudadanía.

Parafraseándolo podría decir que el sindicalismo puede ser un mal sistema, pero no conozco otro mejor para defender los intereses y derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Estoy escribiendo hoy, 16 de octubre de 2021. No puedo dejar de decir que mañana, 17 de octubre, vamos a concurrir a nuestra plaza de mayo. No hace falta que aclare porqué.

Nos vemos en ese lugar histórico, tan caro a nuestros corazones.

Héctor P. Recalde
Abogado Laboralista

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