Lago Escondido: la Secretaría de DDHH denuncia a Espert por incentivar la violencia

El legislador de Avanza Libertad se alzó contra manifestantes que acampan para reclamar el libre acceso al lago.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunciará penalmente al diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, quien instó en las redes sociales a meterles «bala» a dirigentes sociales que izaron una bandera a orillas de Lago Escondido donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras que se encuentran en litigio con la Justicia.

«Hoy realizaremos otra denuncia penal. No podemos permitir nunca más que un diputado nacional promueva la violencia política en nuestro país», sostuvo el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, en Twitter al adelantar la acción judicial.

En ese marco, el funcionario añadió que el diputado liberal Espert «sigue incentivando la violencia y el delito! Pedir ‘bala’ es de fascista y si no fuera por la mafia judicial de nuestro país usted ya estaría procesado!», al tiempo que advirtió en tono directo: «Es usted una persona peligrosa para nuestra democracia!».

José Luis Espert

En su cuenta de Twitter, Espert escribió «cárcel o bala para estos delincuentes», en referencia a un posteo del dirigente social Juan Grabois, quien había subido una foto con la leyenda «Ya izamos la bandera en territorio nacional ¡Recuperemos lo nuestro!» a orillas de Lago Escondido.

Amedrentamiento a manifestantes en Lago Escondido

Un grupo conformado por integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que se encuentra en Lago Escondido para reclamar la recuperación de esas tierras «como parte del territorio nacional» denunció hoy haber recibido «amenazas verbales y amedrentamiento» por parte de personas encapuchadas que trabajan para Lewis.

Voceros de los manifestantes del MTE que lidera Grabois aseguraron que fueron cercados por personal de Lewis, quienes les impidieron salir del lugar cuando intentaban retirarse.

 

Joe Lewis

El Congreso busca investigar a Lewis

Diputados del Frente de Todos encabezados por Eduardo Valdés, presentaron un proyecto para crear una Comisión Bicameral Investigadora especial en el ámbito del Congreso para indagar la adquisición de la estancia Lago Escondido por parte del empresario británico Joe Lewis y el viaje que en octubre pasado realizaron a ese lugar magistrados, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín.

El proyecto, que lleva además las firmas de los diputados Blanca Osuna y Leopoldo Moreau, impulsa la creación de una Comisión Bicameral Investigadora para determinar cómo se compone la propiedad de la Estancia Lago Escondido y su vínculo con funcionarios de distintos estamentos del Estado.

Tierras amigas

El pasado julio, el diputado nacional por la coalición oficialista, Rodolfo Tailhade, denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri por el decreto 820/16 que durante su gestión favoreció al magnate británico en una maniobra que modificó el esquema de tutela del dominio nacional establecido por la Ley 26737 de Protección de Tierras Rurales. En la decisión intervinieron funcionarios del gobierno macrista en connivencia con abogados de Lewis.

Lago Escondido Gate

A través de la iniciativa de Diputados buscan esclarecer además los motivos del viaje de jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en un vuelo privado a la estancia de Joe Lewis.

«Necesitamos un ámbito institucional y democrático, en el se involucre tanto el oficialismo como la oposición, para exponer el film de pánico y terror del cual los chats que revelaron el escandaloso viaje parece ser tan sólo el principio», sostuvo Valdés, al presentar el proyecto.

Para el legislador nacional, «la bicameral tiene que meterse a fondo» porque «esos jueces han tomado decisiones para intervenir en la política y perjudicar a los líderes políticos populares».

«Ahora los hemos pescado ‘in fraganti’. Queda claro el nivel de degradación. Recuperemos la autonomía de la política. Que no nos conduzca Lago Escondido«, enfatizó el diputado.

La comisión investigadora

De acuerdo con el proyecto, la comisión estará integrada por seis diputados nacionales y seis senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras.

El cuerpo deberá recabar información, solicitar informes y declaraciones testimoniales a fines de elaborar un informe final que contenga opinión fundada sobre el origen de la adquisición de la Estancia Lago Escondido por parte del grupo Hidden Lake SA, Lewis y sobre el ingreso de funcionarios públicos a reuniones y actividades con empresarios, a fin de investigar presuntos delitos.

En los fundamentos, los diputados citan como precedente las causas penales abiertas por la venta de terrenos públicos y bloqueos del camino de acceso público al Lago Escondido.

«Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia», aseveran los diputados.

Finalmente, los diputados sostienen que la causa para abrir un camino de sirga –  que es la franja de terreno que el propietario debe dejar libre cuando su inmueble limita con un cauce de agua – que permita el acceso público al Lago Escondido «lleva 17 años» y lo calificaron como «un manejo impune del territorio nacional».

«Pese a una sentencia que obliga a abrir el camino público, el gobierno provincial de Río Negro sigue actuando a favor del magnate Joe Lewis«, afirman.

A pesar de que este año se ratificó una sentencia de 2013 que ordenaba a Lewis y al Estado rionegrino a abrir un camino público de acceso al lago Escondido, el gobierno provincial salió en defensa del multimillonario y apeló el fallo.

Al día de hoy el acceso al Lago Escondido sigue cerrado a pesar de que la Justicia determinó que se trata de un espacio público luego de varias denuncias de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quien obtuvo fallos a favor en 2009, 2012 y 2013.

Fuente: Agencia Télam

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