La Secretaría de Comercio Interior multó en 445 millones de pesos a empresas molineras por «conductas anticompetitivas»

La medida se dispuso a través de una resolución firmada por el secretario Roberto Feletti.

La Secretaría de Comercio Interior sancionó a la empresa Molino Cañuelas, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) con multas por un total de 445.106.597 de pesos, por concertar «conductas anticompetitivas» en el marco de un «cartel institucionalizado».

La medida se dispuso a través de la Resolución 332/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario Roberto Feletti, quien días atrás tuvo un cruce con los empresarios del sector, a los que acusó de «estrangular al abastecimiento de harina».

Las multas son de 150 millones de pesos a Molino Cañuelas – uno de los holdings de alimentos más grandes del país-, el mismo monto para FAIM; 93.974.602 de pesos para CIM y 51.131.995 de pesos para Apymimra, y son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017, con la denuncia de Impulsar (Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales Sociedad Argentina) ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

El pago de las multas deberá hacerse efectivo dentro de los diez días hábiles desde la notificación -es decir hasta el 21 de abril-, y Comercio Interior instó a las partes a que «cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo».

En diálogo con el móvil de FM La Patriada, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que la resolución «defiende los más esenciales principios de la defensa de la competencia en los mercados» y sostuvo que «cualquier empresario argentino, de Chile o de cualquier país del mundo verá con buenos ojos que haya una autoridad que defienda la competencia y evite la cartelización».

«Todos sabemos los efectos que tiene para la economía una concentración que determina prácticas cartelizadas.
Nadie que haga las cosas bien se puede sentir mínimamente ofuscado por esta sanción», expresó.

Una vez conocida la medida, la FAIM manifestó a través de un comunicado de prensa su rechazo a la sanción, a la que consideró “groseramente arbitraria” y adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan”.

Para la FAIM, la multa es “exorbitante e infundada” y la resolución «carece del más básico sustento fáctico y jurídico» y «está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.

Por tal razón, la entidad adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan” para obtener un pronunciamiento judicial que “ponga fin” al actuar “arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.

La investigación de la «conducta anticompetitiva»

La Resolución 332/2022 da cuenta del expediente por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2015, cuando, en el marco de la «Fiesta de la Harina» llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y «por lo menos 107 empresas» sellaron el denominado «Acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero», que implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector, en lo que Comercio Interior consideró un «cartel institucionalizado».

Según se indica en la resolución, a partir de ese momento, «comenzó un accionar de prácticas anticompetitivas» por parte de Molino Cañuelas, que organizó reuniones de precios convocadas por FAIM que «habrían perseguido la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas».

Impulsar sostuvo que FAIM «está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda», y en consecuencia «el más grande decide y los demás acatan».

Asimismo, aseguró que Molino Cañuelas «limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional».

De acuerdo con el dictamen de la CNDC, «las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde el mes de octubre de 2014 hasta, al menos, el mes de abril de 2017».

Esas conductas configuraron «una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general», señaló Comercio Interior en la resolución.

Fuente: Móvil de Fabián Waldman para FM La Patriada y Agencia Télam 

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