La encrucijada del sindicalismo y la movilización colombiana

Del Paro nacional al triunfo electoral del Pacto Histórico. Apuntes sobre los desafíos de acumulación política y saldos organizativos de la movilización colombiana hasta el ascenso de Petro. | Por Cecilia Anigstein

El triunfo electoral del Pacto Histórico en Colombia, encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, marca sin duda un punto de inflexión en ese país y en la región. En el manifiesto que presentara el espacio en febrero de este año se incluyeron una serie de reformas urgentes: implementación total de los Acuerdos de paz de La Habana, reformas agraria, judicial, política, laboral y del sistema de pensiones, transición energética, prohibición del fracking, protección del agua y renta básica para los hogares más pobres. Por el momento, este pliego es promesa.

En los últimos días, se hizo público un contrapunto en el seno del movimiento sindical colombiano, que parece poner matices en los posicionamientos entre (pongamos) corrientes optimistas y sectores cautos. Concretamente, tanto la CGT Colombia como la CUT manifestaron públicamente su compromiso de participar activamente en la construcción del Acuerdo Nacional anunciado por Petro para el cumplimiento de su programa de gobierno.

Sin embargo, un grupo de dirigentes de la CUT emitió otro comunicado para hacer explícitos los motivos por los cuales no acompañaron el mensaje oficial de la central que integran. Entre los disidentes, todos ellos miembros del comité ejecutivo de la organización, se destaca el secretario general de la CUT, Diógenes Orjuela García, quien debió exiliarse en octubre de 2020 luego de sufrir amenazas de muerte. Los argumentos son bastante claros: “la independencia y la autonomía no se hipotecan”, tomar distancia de las manifestaciones de apoyo incondicional, evitar que la CUT “quede como apéndice del gobierno y de una organización partidaria en particular, en este caso el Pacto Histórico, agrupación a la que respetamos, pero dejando en claro que los dirigentes y afiliados son libres de tener su militancia política, pero no de imponérsela a las organizaciones gremiales”.

Una lectura superficial de estos posicionamientos encontrados al interior del sindicalismo rápidamente podría conducir a interpretar de manera banal (como ideología pluralista estrictamente) lo que subyace a los principios de independencia y autonomía sindical en un país como Colombia, y su ligazón con otra pieza histórica del movimiento obrero global: la libertad sindical, que no es ni más, ni menos, que el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse colectivamente frente a patronales y gobiernos.

Una segunda clave que no puede faltar en el análisis es el sesgo sociopolítico del sindicalismo latinoamericano. Una correlación de fuerzas irremontable en los lugares de trabajo que se traduce en organizaciones gremiales con escasísima representatividad y casi nula capacidad de presión y negociación, pero que suelen compensar su debilidad organizativa con una participación de alta intensidad en los procesos de movilización social que articulan demandas intersectoriales e interpelan al conjunto de la ciudadanía. Esto es, paros nacionales que toman la forma de protestas callejeras con demandas dirigidas al Estado, en lugar de interrumpir la producción para disputar la distribución de los excedentes con los empresarios.

En Colombia, el empleo registrado alcanza apenas un tercio de las y los trabajadores. La tasa de sindicalización es del 4.6% de la población ocupada. La negociación por rama de actividad está restringida legalmente. En 2018, se encontraban vigentes 1500 convenciones colectivas por empresa que alcanzaron tan solo a 370000 trabajadores (el 4.3% de obreros y empleados particulares). Sumado a los acuerdos colectivos vigentes en el Estado, la cobertura de la negociación colectiva en Colombia es de apenas el 5.4% de la población ocupada.

Aún más, según datos del Índice de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2020[1] y 2021[2], en 2019 fueron asesinados 14 sindicalistas, se registraron cuatro intentos de homicidio, un caso de desaparición y 198 casos de amenazas de muerte en ese país. En 2020 fueron asesinados 22 líderes sindicales. Así, según la CSI, Colombia es el país donde más sindicalistas han sido asesinados a nivel global entre 2020 y 2021.

En cuanto al escenario político, la situación en Colombia tiene dos caras. De un lado, el recrudecimiento de la violencia estatal y paraestatal contra líderes y activistas sociales y la violación sistemática de los Derechos Humanos. Del otro lado, la constitución de amplio movimiento social que articula las luchas de trabajadores y trabajadoras, indígenas, afrodescendientes, campesinos y estudiantes, el movimiento feminista, anti racista, ecologista.

El fracaso de los Acuerdos de Paz de la Habana en 2016, el triunfo del No en el plebiscito y la asunción de Iván Duque en representación del partido derechista Centro Democrático en 2018 montaron un escenario perfecto para el incremento de la violencia política y la profundización del modelo extractivista neoliberal. Pero también crearon condiciones para la radicalización y masificación de la movilización popular, con un fuerte protagonismo de la juventud trabajadora y el movimiento estudiantil, en la primera línea. Los paros nacionales del 25 abril y del 21 de noviembre de 2019, con protestas en diversas ciudades y regiones, fueron la antesala de un conflicto que escaló a un nivel sin precedentes en la historia reciente de ese país, en el momento más dramático de la pandemia. El punto más alto fue el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021, con un saldo represivo escalofriante.

La conflictividad social que se desencadenó entre 2019 y 2021 puso sobre el tapete el rechazo de la ciudadanía a la violencia y a los paquetazos de reforma fiscal, laboral y educativa. El Comité Nacional de Paro que se constituyó en 2019 ofició de principal interlocutor del Gobierno durante las protestas y fue, al mismo tiempo, una importante instancia de articulación entre los distintos sectores movilizados. Reunió a las centrales sindicales nacionales (CUT, CGT y CTC) con organizaciones indígenas, campesinas, ambientales, estudiantiles, feministas, de derechos humanos, cooperativistas, de medios de comunicación alternativa, de productores agropecuarias, pescadores y mineros, entre otros. En 2021 llegó a integrar a 28 comités de paro departamentales y alrededor de 350 municipales. Desde entonces, las negociaciones con el gobierno se tensaron, entraron en un impasse o se enrarecieron, pero no se interrumpieron de manera definitiva.

Tal vez el Comité Nacional de Paro se convirtió en una herramienta mucho más eficaz para negociar con las autoridades gubernamentales que los sindicatos por empresa para fijar condiciones laborales y salarios en convenios colectivos de trabajo. Tal vez la independencia y autonomía ante los partidos y el Estado es el talismán que los guió hasta la derrota del uribismo en las calles y en las urnas.

No caben dudas que los sindicatos en Colombia no constituyen un factor de poder y que su empoderamiento reciente es más el resultado de su fundición con otros actores populares en instancias de articulación intersindicales y/o intersectoriales emergentes de los procesos de movilización social, que una expansión de su capacidad de organización y representación en los lugares de trabajo.

Esta es una característica común al movimiento sindical en no pocos países del continente. Por caso, se puede mencionar el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador o la Asamblea Nacional de los Pueblos en Perú. Estas experiencias en países hermanos invitan a la reflexión, en la medida que ponen de relieve estrategias de acción política del trabajo organizado allí donde la debilidad estructural revela con tanta claridad que la institucionalidad sindical tradicional no alcanza.

 

[1] Índice Global de los Derechos de la CSI 2020: Los peores países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras, disponible en https://www.globalrightsindex.org/es/2021/media

[2] Índice Global de los Derechos de la CSI 2021: La pandemia de COVID-19 saca a la luz los derechos de los trabajadores, disponible en https://www.globalrightsindex.org/es/2021/media

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