La condena de Lula y la lucha de clases en Brasil. Por Danilo Enrico Martuscelli*

La condena a Lula inaugura una nueva fase del golpe de Estado que se inició con el impeachment de la presidenta Dilma, en 2016. Dadas las dificultades de tomar iniciativas que pudieran comprometer la realización de las elecciones presidenciales de 2018 -como la adopción del (semi-) parlamentarismo o la ampliación del mandato de Michel Temer- y los obstáculos encontrados por el programa neoliberal ortodoxo para triunfar en las urnas, la solución encontrada por los sectores alineados al campo político de las finanzas ha sido la de inviabilizar la candidatura de Lula. Como han demostrado todas las encuestas electorales, incluso la realizada por el Datafolha, aún luego de su condena Lula encabeza las intenciones de voto y es, entre las candidaturas más competitivas, aquella que más obstáculos presentaría para la ejecución del programa defendido por el capital bancario-financiero nacional e internacional, que anhela la implementación de un neoliberalismo extremo, tal como han evidenciado las iniciativas tomadas por el gobierno de Temer hasta ahora; los discursos pronunciados por los grandes medios y las recomendaciones de política económica y social, hechas por el Banco Mundial, para Brasil en el documento "Uno ajuste justo".
Esto no significa que podamos caracterizar la candidatura de Lula y la política de los gobiernos petistas como prácticas de ruptura con el capitalismo neoliberal. Lula nunca se presentó como un radical y los gobiernos Lula y Dilma adoptaron, en todo caso, reformas en el modelo neoliberal. Esto permitió una reorientación de la política de Estado, con el fin de incluir dentro del bloque en el poder, a los intereses de la gran burguesía interna -fracción que posee una relación ambigua de contradicción y dependencia con el capital hegemónico- pero, sin poner en jaque la hegemonía política del gran capital financiero internacional y nacional, aunque al mismo tiempo se hicieran algunas concesiones materiales a los trabajadores.
Todo esto fue posible en tiempos de bonanza, pero durante la crisis económica se produjo un realineamiento político de parte considerable de esta burguesía interna, en relación con los intereses del imperialismo. Esta unidad se forjó en la presión por la retirada y reducción de derechos sociales y laborales, lo que implica la transferencia de la carga de la crisis hacia las clases subalternas y la crítica al exceso de intervencionismo estatal, considerado una de las explicaciones principales de la falta de crecimiento económico y de las relaciones corruptas en el sistema político. En adelante, el Estado "corrupto e ineficiente" será sustituido por el mercado "transparente y eficiente".
Si se analiza el comportamiento de las clases dominantes, aunque existan contradicciones en su seno, estamos ante otro movimiento pendular de una parte considerable de la burguesía interna. Esta viene ahora a quitar el apoyo que antes otorgaba a los gobiernos y la candidatura petistas, y a atacar más enfáticamente los intereses de las clases subalternas, como forma de superar los problemas de la economía brasileña. En tiempos de bonanza, tal fracción de clase puede apoyar a gobiernos con vínculos históricos con el movimiento popular y realizar resistencias puntuales y selectivas a los intereses del imperialismo; en los tiempos de crisis, defiende gobiernos abiertamente liberales y refractarios a las políticas sociales.
La condena a Lula representa, así, no sólo una nueva fase del golpe de Estado, sino que también se configura como una iniciativa que pretende crear espacio para dar legitimidad al programa neoliberal ortodoxo en las urnas, programa que fue derrotado en las últimas cuatro elecciones presidenciales. Todos los medios son válidos para atender las necesidades de la mano visible del mercado - visible, pues los intereses del capital financiero vienen siendo defendidos abiertamente en el debate público en el país, algo que no tenía la misma intensidad, visibilidad y fuerza, antes de 2013.
En la encuesta electoral publicada por el Datafolha el 31 de enero -primera encuesta realizada tras la condena de Lula, el 24 de enero- se constata que no hubo ningún cambio significativo en relación a la encuesta realizada por el mismo instituto en diciembre de 2017. Todos los cambios porcentuales de las intenciones de voto, en las principales candidaturas o de las opciones por voto nulo o blanco, se encuadran en el margen de error. Es decir, la condena de Lula resulta hasta el presente insuficiente para provocar un cambio profundo en las intenciones de voto del electorado, aunque los grandes medios insistan en atacar su candidatura.

¿Cómo llegamos a la actual situación y qué desafíos se abren para la lucha de los trabajadores en Brasil? Un aspecto esencial para entender la lucha de clases en Brasil es lo que podríamos llamar la batalla ideológica. Se trata del discurso del combate a la corrupción, que se proyectó como gran instrumento para desgastar y derribar al gobierno de Rousseff; justificar la implementación de las contrarreformas neoliberales y condenar a Lula. El combate a la corrupción aparece en la escena política brasileña como un dispositivo ideológico que, fundamentalmente, denosta algo, construyendo a la vez el sentido común de un enemigo a ser combatido.
¿Qué ataca este discurso? En términos generales, y no sólo en Brasil, este discurso apunta a deslegitimar a los gobiernos populistas o progresistas de toda América Latina. Por un lado, los considera ineficientes, por su gasto excesivo en la implementación de políticas sociales para segmentos “que no trabajan” y “viven del Estado”; a la vez, se los critica por ayudar a empresarios incompetentes y parásitos, que nada contribuyen a la construcción de una economía competitiva y globalizada. Así, los grandes enemigos a ser combatidos pasan a ser los gobiernos progresistas y las fuerzas sociales que los amparan. Todo el deterioro del cuadro económico resulta entonces identificado con la mala gestión y corrupción populista y es atribuído a su responsabilidad. Populismo = corrupción; neoliberalismo = eficiencia. Esto conduce a que si el populismo es la causa de la crisis económica, el neoliberalismo constituye la única salida para esa crisis.
Desde el principio, el discurso contra la corrupción, ampliamente difundido por los grandes medios y materializado en las iniciativas de Lava Jato contra Petrobras, el PT y las empresas de la construcción civil, busca crear una especie de sentido común. Después de todo ¿quién puede estar a favor de la corrupción? Sin embargo, esa táctica no viene aislada, ni se concreta en un vacío social. Se vuelve cada vez más evidente que el combate a la corrupción se ha llevado a cabo no sólo para desarticular ideológicamente la política reformista -que algunos llaman neodesarrollismo, otros de social liberal, etc.- sino también para dar legitimidad política a una determinada política económica y social, que se funda en lo que vimos llamando de neoliberalismo extremo. Con el derrocamiento de Dilma, el discurso contra la corrupción es cada vez más utilizado para amparar la ejecución de políticas neoliberales extremadas. Es necesario poner la casa en orden. Y el único camino posible es implementar las reformas orientadas al mercado -dicen los arquitectos del golpe. Si durante los gobiernos petistas, los neoliberales ortodoxos estaban de algún modo en la defensiva ideológica para propagar sus ideas, hoy se encuentran en la ofensiva.
Así, el discurso (o el pretexto) de la lucha contra la corrupción fue utilizado para derribar a la presidenta Dilma, dar legitimidad a la ejecución de las contrarreformas neoliberales del gobierno de Temer y ahora, para inviabilizar electoralmente la candidatura de Lula. Este es más o menos el guión de la trama política en Brasil. El discurso contra la corrupción fue la puerta de entrada de la ideología neoliberal ortodoxa para ganar cierto apoyo popular y colocar a la llamada ideología neodesarrollista a la defensiva. Pero esta posición defensiva fue consolidada por las acciones del propio gobierno Dilma, que aplicó una estafa electoral al iniciar su gobierno adoptando varios aspectos del programa de su adversario, Aécio Neves, en las elecciones de 2014. Esto permitió un progresivo alejamiento de las bases electorales en su relación con el gobierno, debilitando su continuidad.
Incluso en medio del impeachment de Dilma y con la proximidad de las elecciones, sectores vinculados al campo del petismo intentaron garantizarse alguna sobrevida institucional, realizando acuerdos electorales con golpistas y creando una especie de normalización del golpe. El tiro salió por la culata. En las elecciones municipales, el número de candidatos del PT cayó casi a la mitad en comparación con los datos de 2012. Si en 2012 el PT lanzó 1.829 candidatos a alcalde, 1.710 a vice-alcalde y 40.960 a concejal, en 2016, logró lanzar 992 candidatos a alcalde, 980 a vice-alcalde y 21.629 a concejal. Esto indica las dificultades que el partido pasó a enfrentar en el plano electoral. Los resultados de las elecciones son emblemáticos y se derivan no sólo de la caída de candidatos, sino fundamentalmente de las dificultades políticas del PT para enfrentar el antipetismo. El número de concejales del PT cayó de 5185, registrados en 2012, a 2808, en 2016. El número de prefecturas del PT se redujo drásticamente de 630 a 256, pasando del tercero al décimo lugar. Este desplazamiento muestra los efectos del antipetismo en la disputa ideológica y produce también un impacto negativo sobre los intentos de reformar o superar el neoliberalismo, considerando que el PT ocupa el lugar hegemónico en el campo progresista y ninguna fuerza política ha sido capaz de sustituirlo hasta el presente momento. En consecuencia, el antipetismo debilita a todo el campo progresista, colocándolo a la defensiva política.
Actualmente es visible que el campo político de las finanzas permanece a la ofensiva. No fueron pocas las declaraciones públicas de los llamados operadores de mercado exigiendo voto unánime de los jueces en su condena a Lula (véase 1 e 2). Las acciones judiciales están tan politizadas que, desde el inicio del proceso, el canal brasileño Band News ya informaba el veredicto del proceso contra Lula, con los votos de los tres jueces. No podría decirse que ese canal de televisión se “equivocó”, sino que ya tenía información de esta decisión antes de que se publicara. El mismo día de la condena a Lula, la Bolsa de Sao Paulo ya comunicaba alta récord. El “diós mercado” estaba feliz y celebró.
Sin embargo y en términos comparativos, a pesar de la condena a Lula, el marco político abierto para las luchas populares es mejor que el existente en 2015 y 2016, cuando detonó el golpe de Estado.
¿Cuáles serían los elementos que permitiría hacer ese tipo de caracterización ?
a) Si antes el campo progresista cargaba con el peso de la decisión del gobierno de Dilma de adoptar una política recesiva, que lo llevó a ser visto como responsable principal de la profundización de la recesión económica, hoy esa responsabilidad es atribuida al gobierno Temer, que alcanza el mayor índice de reprobación popular desde el inicio del período de la redemocratización. Con eso queremos decir que la estafa electoral cometida por el gobierno Dilma comprometió la continuidad de su mandato trayendo un impacto negativo y dificultades en la resistencia al golpe de Estado. Después de todo ¿cómo defender un gobierno que aplica el programa político del adversario derrotado en las urnas ?
b) El golpe de Estado unificó amplios segmentos de las clases dominantes y de las capas superiores de las clases medias. Esta unidad fue muy importante para quitar a Dilma de la presidencia de la República. Pero ocurre que esa unidad ya no se proyecta con la misma intensidad que antes. Hay insatisfacciones políticas de esos segmentos, sumada a las demás clases y fracciones con los resultados -para algunos "inesperados”- del golpe. Esta fractura que ocurre en la cúpula se visualiza en la proliferación de candidaturas presidenciales; en las crisis y divisiones internas por las que pasan los mayores partidos políticos, como el PSDB y el PMDB; en las dificultades que el gobierno de Temer viene acumulando para aprobar la Reforma Previsional; en la aparición de Lula como candidato preferido en las diversas encuestas electorales y en el proceso de unificación de las izquierdas que empieza a ganar cuerpo. No queremos decir con eso que el campo progresista está saliendo de su posición defensiva o que hay un equilibrio de fuerzas, sino que las condiciones para su lucha son más favorables que aquellas de hace dos o tres años atrás. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre las oportunidades abiertas para la lucha y la posibilidad de aprovecharlas. La condena a Lula crea dificultades para sectores mayoritarios del petismo para los que la lucha se reduce solamente a la vía institucional o electoral.
Pero, ante la imposibilidad de Lula de presentarse, lograrán los dirigentes petistas desarrollar una táctica que pueda rebasar el campo institucional, más allá de una retórica vacía de la desobediencia civil?
¿Y qué formas de lucha extrainstitucional, de base, existen concretamente para atravesar el rubicón de la actual coyuntura? El Frente Pueblo Sin Miedo, dirigido por el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), y el Frente Brasil Popular, liderada por la Central Única de los Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) vienen desarrollando algunas iniciativas para pensar un proyecto político para Brasil (véase 1 e 2), mediante la organización de actos, eventos y movilizaciones en varias partes del país; pero tales iniciativas se muestran todavía insuficientes para enfrentar la ofensiva conservadora.
En Brasil, hay luchas y hay resistencias, pero aún son muchos los obstáculos que el campo progresista debe afrontar para salir de la defensiva política.
¡Tiempos difíciles, pero no imposibles!

* Profesor de Ciencia Política de la Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil.

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