La colonización del Poder Judicial porteño, la raíz del show del domingo

La designación de magistrados vinculados históricamente con el PRO le permitió a Larreta obtener un fallo a la carta en menos de 48 horas inhábiles. | Por Werner Pertot.

La sucesión de un fallo judicial firmado, entre otros, por la hermana de un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, seguida de un jefe de Gobierno haciendo anuncios a las 22.30 de un domingo y desconociendo un DNU nacional es chocante. Pero no debería desconcertar, ni sorprender: la gestión PRO viene hace más de una década colonizando el Poder Judicial de la Ciudad. En algunos casos, con la ayuda de sectores del peronismo. Tienen buena parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ, el equivalente a la Corte en la Ciudad) de su lado, lo que les permitió hace no tanto dar de baja del derecho a una vacante en un fallo demasiado rápidamente olvidado. Tienen al jefe de los fiscales y una gran cantidad de jueces nombrados desde dentro de las filas del PRO. Algunas ni disimulan.

Es el caso de una de las camaristas que firmó el fallo famoso del domingo. Forma parte de la Sala 4 del contencioso administrativo porteño (que resuelve disputas entre el Gobierno porteño y particulares y no tiene competencia sobre un DNU nacional, para eso hay un fuero contencioso federal). A esa sala se la conoce como “La Sala Amarilla” y no es por el color del jardín de infantes al que mandan a sus hijos. La camarista a la que me refiero se llama María de las Nieves Macchiavelli. Además de haber sido ella misma funcionaria en el gobierno de Mauricio Macri, es la hermana del secretario general del PRO Eduardo Macchiavelli que, para más datos, es el secretario de Ambiente porteño y es de los hombres cercanos a Larreta.

Por si no quedó claro: la hermana de un operador del jefe de Gobierno firmó el fallo que le permitió a Larreta desafiar el DNU de Alberto Fernández.

En la causa se presentó el abogado Adrián Albor y pidió que la aparten a Macchiavelli. Le dijeron que no tenía vela en ese entierro, y la jueza siguió sin problemas. El fallo fue unánime. Y –según me confirmó una alta fuente del Gobierno porteño- no hubo un debate interno en el gabinete de Larreta sobre si reabrir las escuelas con un fallo porteño que avanza sobre competencias federales. No dudaron. Fueron para adelante.

Le siguió la conferencia nocturna de Larreta y una caótica respuesta del sistema educativo, que no está preparado para recibir órdenes un domingo a la madrugada. A eso se sumó el paro de UTE-CTERA y Ademys y familias que decidieron no sumar a sus hijos e hijas a un experimento electoral.

Hay más datos extraños: el Gobierno porteño llamó a la conferencia de prensa antes de que se conociera el fallo, Larreta hizo alusiones el viernes a que algo podía pasar el fin de semana, pero en el escrito que mandó a la Corte no pidió que actuaran en días inhábiles. Saquen sus conclusiones.

Luego vinieron las declaraciones del presidente Alberto Fernández; de su ministro de Justicia, Martín Soria, el pedido de juicio político a los camaristas del bloque del Frente de Todos. Esto ocurre sobre un fondo que deberíamos conocer mejor: el de la colonización PRO del Poder Judicial.

Uno de los primeros hechos fue en 2009, segundo año de Mauricio Macri como jefe de Gobierno cuando se jubiló un juez del TSJ. Macri quiso poner en su lugar a la fiscal de Cámara Daniela Bruna Ugolini, quien siempre dictaminaba a favor de su Gobierno. Ugolini generó una fuerte resistencia no sólo por ser evidente su aval a las medidas que tomaba Macri, sino por su rechazo a los derechos a la vivienda, la salud, la educación, entre otros. Como le pasaría luego con la procuración nacional, Macri no consiguió los votos. Pero mantuvo siempre a su candidata por más de un año.

Luego logró nombrar a la jueza Inés Weinberg de Roca frente a la Corte porteña (la misma jueza a la que querría luego llevar a la procuración, tras lograr echar a Alejandra Gils Carbó). Después vinieron los jueces nombrados por Larreta en el TSJ: Marcela Langhe y Santiago Otamendi. Este último llegó casi sin escalas desde el Gobierno de Macri: era el secretario de Justicia de Germán Garavano. Reitero, por si no quedó claro: los partidarios del PRO saltan de cargos del Ejecutivo a la Corte porteña.

Langhe fue la que llevó la voz cantante en un fallo que levantó polémica: fue en el que el TSJ se llevó puesto un artículo de la Constitución porteña y sostuvo que la educación pública es para el que no se pueda pagar una privada. Consideraron que el Gobierno porteño no tiene obligación de darles vacantes a los niños y niñas hasta los 4 años, en contradicción con la Constitución de la Ciudad, que literalmente dice que tiene esa obligación “desde los 45 días”. No deja mucho lugar a la interpretación, aún así dijeron que Larreta no tiene que darle vacantes a niños de menos de 4 años, salvo que saque certificado de pobre.

Si lo del TSJ no les resulta muy republicano, vale la pena ver quiénes fueron los jefes de los fiscales designados por la gestión PRO: con Macri estuvieron primero Germán Garavano (luego su ministro de Justicia) y Martín Ocampo (hombre del “Tano” Angelici y ministro de Justicia en el primer gobierno de Larreta hasta un escándalo en la final de la Libertadores). Hoy está Juan Mahiques, que viene directo de ser el representante de Macri en el Consejo de la Magistratura nacional.

También fue acusado de ser parte de la mesa judicial. ¿La independencia de la Justicia? Te la debo.
En este contexto, el caso de la jueza Macchiavelli dista de ser la excepción y se parece más a la regla. La jueza llegó al cargo en una votación en la Legislatura que tuvo 42 votos a favor –incluidos muchos del Frente de Todos- y 9 abstenciones. Un dato para reflexionar cómo ciertos acuerdos políticos luego traen dolores de cabeza.

Lo cierto es que el Poder Judicial de la Ciudad fue denunciado en plena pandemia por el legislador Leandro Santoro como una “caja negra de la política” y nadie se hizo cargo. Tiene un presupuesto abultado, un Tribunal Superior alineado con Larreta (al punto de firmar fallos donde niegan derechos elementales), y camaristas que entregan fallos a la carta un domingo. Si se discuten las falencias del Poder Judicial federal y hay una reforma trabada en el Congreso, en la Ciudad hay mucho para repensar.

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