Escribir con las manos heladas

Testimonios desde el corazón del sistema educativo. Asignaturas pendientes después del macrismo. | Por Cecilia Anigstein

El 31 de mayo último el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que nuclea a los gremios del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires (FEB, SUTEBA, Sadop, AMET y Adocba), reclamó a las autoridades la urgente resolución del problema del gas en más de 400 escuelas, acceso a la información de los planes y programas destinados a obras de gas, encendido y mantenimiento de obras de calefacción, así como de los recursos transferidos a los Consejos Escolares y a los municipios para tal fin.

Si bien en los medios de comunicación las deficiencias en el suministro de calefacción en las escuelas por defectos en las conexiones de gas natural se visibilizan de manera espasmódica, se trata de un problema persistente. No es ni el único ni el más importante de los problemas de infraestructura escolar que se observan a nivel nacional, y en particular en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el asunto es un contenido permanente en las negociaciones de los sindicatos con las autoridades, aunque suele quedar en segundo plano por la centralidad que adquiere la negociación salarial en un contexto inflacionario que agujerea los bolsillos docentes cada mes.

Es más, en el día a día, trabajadoras y trabajadores de la educación, alumnos y alumnas de distintos niveles, familias y organizaciones territoriales lidian con la sobrepoblación escolar, la falta de vacantes, las dificultades de acceso, las deficiencias en la provisión de agua potable, saneamiento, calefacción y refrigeración, el deterioro edilicio y de las instalaciones en general.

Según la Dirección General de Cultura y Educación, durante la actual gestión se realizaron obras en 1552 escuelas, de las cuales 664 se encuentran en ejecución. Estas obras requirieron una inversión de 2131 millones de pesos. Para los gremios, la situación es acuciante y exige una respuesta urgente.

La explosión de la escuela 49 y el conflicto educativo en Moreno

El 2 de agosto de 2018 una fuga de gas provocó una explosión en la escuela N°49. Fallecieron la vicedirectora del establecimiento y un trabajador auxiliar. La escuela había elevado 6 reclamos directos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, advirtiendo por la fuga de gas durante ese mismo año, sin obtener respuesta. Un día antes de la explosión, el Consejo Escolar local envió un gasista (sin habilitación) a revisar el establecimiento. Luego, se supo que fue una revisión superficial, al margen de los protocolos establecidos, y que se dio por solucionado el inconveniente.

Esa misma tarde comenzaron los reclamos y movilizaciones. Sandra Calamano y Rubén Rodríguez no fueron dos víctimas anónimas. Integraban una trama abarrotada comunitaria. En Moreno, la expresión “comunidad educativa” tiene un sentido fuerte y denso, es inseparable del territorio, la configuración barrial y un amplísimo arco de organizaciones sociales. Comprende el vínculo directo y comprometido, no exento de tensiones y conflictos, entre trabajadoras y trabajadores de la educación, madres, padres y familias, organizaciones sociales, gremios, iglesias diversas.

Los registros audiovisuales del 3 de agosto de 2018, al día siguiente de la explosión, muestran una inmensa movilización: docentes, alumnas/os, familias, fundamentalmente mujeres. Se destaca el testimonio de Mariel Fernández, dirigente social y política de larga trayectoria en la ciudad y actual intendenta. Rodeada de una multitud de mujeres de frente a la cámara, levantando la voz y llorando al mismo tiempo. Esa mujer ni siquiera puede sospechar que apenas un año y algunos meses después estará sentada en el despacho principal del palacio municipal.

Pero no alcanza esta imagen para dimensionar las características que asumió la movilización y el conflicto en distintos barrios de Moreno y en las inmediaciones del Consejo Escolar, donde se instaló un acampe animado, semana a semana, por una agenda apretadísima de peñas, clases públicas, conciertos, charlas. Durante todo 2018 y parte de 2019, estuvieron cerradas gran parte de las escuelas del distrito.

Martin Koczwara es profesor en el Instituto Superior Ricardo Rojas N° 21 y orientador social en una escuela secundaria. Además, es delegado y congresal de la seccional local de SUTEBA. Recuerda que salieron a la calle horas después del hecho y se llenaron todas las plazas con una consigna bien clara: las clases no comienzan hasta que no se arreglen todas las escuelas: “escuela por escuela nos organizamos con ollas populares, choripaneadas, centenares de actividades recreativas en las veredas de las escuelas, en las plazas, y en el marco de eso llevamos adelante un acompañamiento pedagógico, una continuidad pedagógica. La verdad que el vínculo que se construyó en ese momento entre las escuelas y las comunidades fue realmente interesante”, señala Martín.

En el marco de las protestas se conformó un Comité de crisis, más tarde renombrado como Comité de seguimiento, un espacio participativo donde las comunidades de las escuelas se acercaban y podían establecer un vínculo directo con la contraparte institucional: “en ese proceso se lograron arreglos en algunas escuelas, resolvieron algunos problemas. Caso concreto por ejemplo del instituto donde trabajo, había una casona vieja, arrumbada, inutilizada que se puso en valor y hoy está funcionando un espacio para fonoaudiología, el centro de estudiantes, una linda sala de profesores, aulas”, continúa Martín.

Para Juan Carlos Walter, vicedirector de la EESN N°11 Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Moreno, la muerte de Sandra y Rubén puso sobre la mesa condiciones de trabajo denigrantes que se venían dando desde mucho tiempo atrás. No las padecían solo los docentes, sino que también afectaban a todos los estudiantes. “La explosión pone todo esto sobre la mesa y además sacude, hace que lo estaba naturalizado comience a cuestionarse fuertemente y genera un marco de unidad. Dejo marcado que en Moreno hay un espacio de resistencia, o que por lo menos se intentó decir basta a esta situación”, explica.

Se rescata la actitud de los directivos que fueron capaces de “pararse” ante los inspectores para sostener la suspensión de clases. “Sin el apoyo de la comunidad educativa no hubiese sido posible”, agrega. Sin embargo, la experiencia de la pandemia decantó estos procesos y eclipsó la organización. Al respecto, indica: “tenemos compañeros que todavía siguen sumariados por haber sostenido una lucha importante en 2018. Es una cuestión que duele, que molesta, que es muy indignante. Si bien el proceso terminó en una participación muy importante de la comunidad educativa, esto no se plasmó en lograr que esa comunidad participara en cada lugar, en cada escuela. Sigue habiendo una ruptura, un quiebre en muchos lugares”.

Martín también reflexiona sobre los saldos del conflicto educativo de 2018. “Ese protagonismo que tuvieron las comunidades y ese espacio donde las autoridades estaban en vínculo con los docentes, con los estudiantes, con las familias, no existe más. Este comité de crisis no funciona y los actores directos de la escuela no participan en ninguna instancia donde se puedan intercambiar, discutir o llevar adelante un seguimiento de lo que se esté haciendo”, complementa.

Promesas incumplidas de la Ley Nacional de Educación

Transcurridos casi 4 años de la explosión de la escuela 49 el balance es desalentador. El deterioro general no es un problema solo de las escuelas, sino principalmente de los territorios donde las escuelas están contextualizadas. “Los barrios en Moreno son de difícil acceso, falta de servicios básicos, siempre hay problemas con los residuos líquidos, el agua, la luz, internet. Estas situaciones de chicos y docentes lastimados por problemas de infraestructura suceden de manera permanente en toda la provincia”, afirma Martín, y reflexiona acerca de que no se cumplieron las expectativas de mejores condiciones en la escuela generadas con la sanción de la Ley Educación Nacional de 2006.

Actualmente, la infraestructura es objeto de un uso extremo, en no pocos casos las instalaciones se utilizan en tres turnos consecutivos. “La mayoría de los chicos del barrio no van al jardín del barrio, salitas de 3 quedan en muy pocos jardines, no hay vacantes. En Moreno, por ejemplo, se multiplican jardines privados que realmente son casas adaptadas para recibir chicos, y son llamados jardines. En muchas primarias sobrepasan los 40 alumnos por aula, se nombra la maestra de apoyo, que es una maestra más cuando hay más de 40 en un aula, pero es meter más gente donde ya no hay lugar. Un montón comparten edificios con secundarias. Se turnan para ver quién sale a los recreos”, argumenta.

Para Juan Carlos, la gestión municipal de Mariel Fernández supuso un quiebre, un cambio de visión que le dio prioridad a las escuelas. No obstante, advierte que “la situación es muy difícil, por la complejidad en la que se encuentran las escuelas, y porque además Moreno es muy particular, por las carencias y su crecimiento demográfico”. “El aumento de la población hace que sea complicado abordar el problema, se puede comenzar a invertir en las escuelas y mejorar la infraestructura, pero el uso es extremo, en exceso, y hay un uso intensivo de instalaciones que tampoco están buenas, entonces se deteriora muchísimo y muy rápido”, concluye.

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