En plan de discutir

La agudización de la discusión interna del Frente de Todos a partir de la crítica de la Vicepresidenta contra los movimientos sociales y la postergación de la creación de trabajo formal habilita una serie de preguntas cuyas respuestas aún se buscan. | Por Mariano Denegris

Como cada vez que toma la palabra, al ser la protagonista principal de la política argentina desde hace más de una década, sus definiciones trazan el sendero de las discusiones y acciones políticas venideras. Su discurso es analizado, criticado, festejado o bastardeado por la totalidad de quienes quieren participar del debate público en el país. Cada interpretación es dueña de los acentos que intenta resaltar. La mayoría, quizás por comodidad en la captura de audiencias, elige enfatizar los nombres propios dichos y no dichos, las peleas personales o de caja chica. Los conceptos, sea por pereza, conveniencia o falta de tiempo, se pasan de largo. Sin embargo, esos planteos de su discurso, algunos retomados y desarrollados de sus intervenciones anteriores perdurarán en el devenir político y la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas bastante más que algunos apellidos que la mayoría está a punto de olvidar.

Después de decir que quería que quede muy claro que la unidad del Frente de Todos no estuvo ni estará en discusión, la vicepresidenta Cristina Kirchner puso ejemplos de la insustituibilidad del Estado para resolver las crisis que genera el mercado y garantizar la continuidad del mercado interno ante las dos últimas crisis globales, la endógena de 2008 y la exógena de 2020.

El grueso de su extensa exposición fue para consignar las causas de la inflación despejando las falsas respuestas del déficit fiscal, el agotamiento de la capacidad instalada de la producción, la emisión o el sobre consumo. Planteó su hipótesis de la evasión fiscal y la fuga de capitales: “Todos los procesos inflacionarios que tuvo la Argentina fueron precedidos de un ciclo de endeudamiento previo”. Y recomendó un camino de solución desde la experiencia de sus años al frente del Ejecutivo: articular la información que tiene el Banco Central con la de la CNV y la de la AFIP para desarmar la estafa y no ser un Estado estúpido. Para eso, es necesario limitar los secretos fiscal y bancario.

Sobre estas lecturas económicas, se habló poco. Las repercusiones se arremolinaron en la trifulca sobre la posible tercerización de los planes sociales.

¿Qué hizo que el debate quedara arrinconado en un par de frases sobre los planes sociales? ¿No sopesó CFK el impacto de esas frases? ¿Se agrandó un tema menor sólo por malicia de uno u otro lado de la disputa interna? ¿No estará ese debate, aún así de carajeado y mal planteado, pidiendo centralidad en la conversación política argentina más allá incluso de sus voceros? ¿Tendrá que ver con algo más que la pelea por recursos entre La Cámpora y el Evita o por el territorio entre intendentes y organizaciones sociales, en la que prefiere enfocarse la mayoría de los periodistas? Los términos de la discusión nunca se acomodan como debieran, nunca se dan desde la perspectiva más adecuada, ni de la forma más conveniente, ni con la profundidad necesaria. Se dan como se puede. Casi siempre a los ponchazos. Mejor que se den.

 

Historicemos, Don Inodoro

Los piqueteros surgieron como un nuevo actor en la escena política argentina, a mediados de la década de 1990, cuando -durante los gobiernos de Carlos Menem primero y Fernando De La Rúa después- se produjo la mayor expulsión del mercado de trabajo formal de la historia del país. Las primeras experiencias organizativas salieron a la luz en las localidades patagónicas de Cutral-có y Plaza Huincul, en 1996, y en las norteñas de Tartagal y General Mosconi. En ambos casos estuvieron relacionadas con la privatización de la empresa petrolera estatal y sus consecuencias en el desempleo de esas ciudades. En los diez años siguientes, el modelo de organización de las asambleas de desocupados no decantó en un sindicato de desempleados como se imaginó en la ciudad de Rosario por aquellos años, sino en organizaciones relativamente estables caracterizadas por el protagonismo de ex delegados gremiales en su conducción, fuerte vínculo con el territorio y el corte de ruta como mecanismo de protesta. Como respuesta a aquellas organizaciones y protestas, además de la represión, surgieron los primeros subsidios de desempleo. El Plan Trabajar I a nivel nacional quedó en la memoria colectiva como nombre genérico para todos los planes. La lógica era focalizada y clientelar. En 1996, sumando todos los planes provinciales, apenas había 120 mil otorgados ante una desocupación que superaba los dos millones.

Fue la CTA, central obrera que se escindió de la CGT en 1994 impugnando la complicidad de su conducción con el modelo de ajuste y reforma del Estado menemista, la primera en buscar la incorporación de ese “ejercito industrial de reserva” a sus filas. El barrio como nueva fábrica fue una de las consignas de ese fin de siglo que llegaba con la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cortando la Ruta 3 a 40 kilómetros del Obelisco y desafiando a la por entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, que ya prometía balas para los excluidos del mercado de trabajo formal y reducía la cantidad de planes en el marco del ajuste del déficit cero. En el preámbulo de la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001, 2.700.000 personas votaron en la consulta popular del FRENAPO por la creación de un Seguro de Empleo para cada Jefe o Jefa de Hogar desocupado por 380 pesos, una Asignación Universal por Hijo/a de 60 pesos y un haber jubilatorio de 150 pesos para quienes no tenían cobertura previsional. El gobierno interino de Eduardo Duhalde estableció algo parecido al primero de estos reclamos, devaluado a 140 pesos con los planes Jefes y Jefas. En 2002, alcanzó su pico con unos 2 millones de beneficiarios. Los requisitos para acceder eran no tener trabajo, ser jefe de hogar y tener chicos en edad escolar.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, junto a las organizaciones sociales, comenzaron el camino de vincularlos a unidades productivas. Fue por eso la mención que hizo la Vicepresidenta en Avellaneda a las gestiones de Carlos Tomada y Alicia Kirchner al frente de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, respectivamente. Kirchner decía que la mejor política social era la creación de empleo. Al mismo tiempo, en los primeros años de su gobierno construyó una relación política con un cuarteto de dirigentes sociales formado por Edgardo Depetris, Emilio Pérsico, Humberto Tumini y Luis D’Elía. Los planes sociales descendieron entre 2003 y 2015 de los más de 2.200.000 en 2002 con una desocupación de 23 por ciento, 220.000 al final del segundo mandato de la ex Presidenta, con 5,9 de desempleo.

Haciendo números

Esos datos también fueron parte del discurso de CFK. Se preguntó cómo podía ser que, con una desocupación en retroceso, como en los años del primer kirchnerismo, los planes ahora aumentaran. El gobierno de Mauricio Macri, lejos del imaginario que ubica al populismo como responsable de la existencia de planes sociales, triplicó los recibidos en 2015 a la par que aumentó la desocupación. Al finalizar su mandato, había más de 600.000 planes y el gobierno de Alberto Fernández los unificó en el Potenciar Trabajo. A su vez, los llevó a su número actual de 1.300.000 con una desocupación del 7 por ciento. Si esta cantidad de beneficiarios del Potenciar se computaran como desocupados, el nivel de desempleo alcanzaría  13 de cada cien. Pero tampoco se puede hacer ese cálculo porque muchos beneficiarios tienen también un empleo no registrado que los ubicaría en la estadística de los ocupados. No todos, claro. En esos grises está la verdad.

¿Cuántos son entonces los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular? ¿Es lo mismo el que hace changas en negro que el obrero de una cooperativa textil? ¿Y el chofer de Uber y el empleado no registrado en un bolichito que hace almuerzos en un barrio del conurbano? ¿Qué diferencia o asemeja al vendedor ambulante y la mujer que organiza un merendero en su propia casa y cuida a los pibes de sus vecinas mientras ellas van al trabajo formal o informal? Sí y no. Algunos representantes de los movimientos sociales hablan de 10 millones de personas, número similar al de quienes solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia dispuesto por el Frente de Todos para paliar las consecuencias del aislamiento obligatorio generado por la pandemia. Sin embargo, acá también hay grises. En ese universo, hay monotributistas que dejaron de facturar por la pandemia, cuentapropistas de toda índole, desempleados circunstanciales que ya recuperaron conchabo, y varios etcéteras. Ahí también hay matices que las estadísticas intentan captar sin mucha suerte. Junto la virtud de las organizaciones de la economía social al advertir que la economía formal se mantiene en el alrededor de 7 millones de personas y no promete incluir a la mayoría que quedó a la intemperie, ¿no está también la ilusión de convertirse en representantes de un universo demasiado multiverso como para encorsetar en un solo gremio, cuya posible paritaria, encima, esté encabezada por la misma representación para actuar de patronal, sindicato y Estado?

Las organizaciones que encontraron en la gimnasia de movilización permanente hacia la Avenida 9 de Julio una actividad que, combinada con prácticas de economía solidaria, se convirtió en parte sustancial de la reproducción de su existencia, ¿no deberían cuestionarse la perspectiva de esa habitualidad?

En su discurso, CFK elogió el trabajo de las cooperativas y pidió no tercerizar la administración de los planes. ¿Las distintas esferas de estatalidad pueden hacerse cargo de organizar esta economía de los márgenes sin el trabajo conjunto con las organizaciones libres del pueblo o de la sociedad civil, para usar dos léxicos distintos? ¿La administración final a cargo de un intendente garantiza menos clientelismo o abuso que la de una organización territorial no gubernamental? ¿En qué medida los municipios utilizan la mano de obra de quienes perciben planes para flexibilizar uno de los empleos peor remunerados de la administración pública?

Aún aceptando la imposibilidad del retorno a la sociedad salarial presente hasta el último cuarto del siglo XX, donde el proceso productivo capitalista incluía con pleno empleo formal al conjunto de las personas trabajadoras, ¿esta tendencia global debe observarse como un fenómeno natural e inevitable ante lo cual queda administrar la resignación? ¿Es lo mismo un modelo de valorización financiera y concentración económica, fuga de capitales y endeudamiento que un modelo basado el fortalecimiento del mercado interno con creación de empleo, y aumento de la capacidad de consumo de las familias trabajadoras como el que, entre 2003 y 2015, creó 5 millones y medio de puestos de trabajo y redujo los programas sociales?

Entre los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que el mes que viene representará 22.770 pesos, hay una variedad de personas que trabajan imposibles de ubicar en la percepción generalizada del “planero” que impone la ideología dominante. Dentro de ese segmento, caben una mujer al frente de merendero que cuida a su vez a los hijos e hijas de sus vecinas cuando estas consiguen trabajo, un vendedor ambulante que trabaja dos veces por semana en una feria y completa un ingreso de subsistencia, un reciclador de una cooperativa, una obrera textil negreada por su patrón, un albañil que hace changas de pintura en el barrio porque le rinde más que viajar a Capital Federal seis veces por semana para ganar el mínimo de la construcción de apenas 60.000 pesos. Y una infinidad de casos que no entran en esta descripción.

¿Se puede abordar su discusión prescindiendo de otras sobre los bajos salarios de los empleados formales, la reducción de la jornada laboral y la redistribución del empleo socialmente necesario y no sólo generador de renta empresaria?

Los debates se dan como se puede.

(Continuará)

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