El turno de Colombia

Por Augusto Taglioni | Colombia vive su propio estallido social. Y no debe sorprendernos. En noviembre de 2019, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos indignados se movilizaron contra las políticas del gobierno de Iván Duque e hicieron sentir el enojo con décadas de neoliberalismo.

Por Augusto Taglioni.

En ese entonces, un mes después de las protestas en Chile, la población dejó en claro su agenda de reclamos: educación, salud, informalidad laboral y cumplimiento de los acuerdos de paz, por mencionar algunos.

Durante todo el 2020, la pandemia puso en pausa la reacción pero la reforma tributaria anunciada por el Gobierno encendió la chispa.

¿Cuáles son los puntos conflictivos? Más del 70 por ciento de la recaudación se basa en el incremento y extensión del IVA para los productos de primera necesidad que consumen los sectores populares y la modificación del impuesto a las ganancias que afectará a los colombianos de clase media que cobren 650 dólares mensuales en 2022 y 450 en 2023.

Ambas disposiciones significan un duro golpe para los sectores medios y bajos y favorece a los importadores por sobre los productores nacionales. Los paros convocados por las centrales sindicales y las masivas movilizaciones de la sociedad obligó al gobierno a retirar la iniciativa y forzó la salida del Ministro de Economía.

Ni esto, ni la promesa de diseñar otra reforma impositiva que incorpore las miradas de las oposiciones y la sociedad civil alcanzaron para calmar las aguas. Porque estos retrocesos del Gobierno son solo la punta del iceberg de un conjunto de demandas y de problemáticas que los sectores medios y bajos cargan sobre sus espaldas desde hace años.

Las marchas contra el gobierno en 2019 modificaron el sistema de jubilaciones y pensiones en donde más de 8.5 millones de personas cotizan mensualmente, pero sólo 3 millones logran adquirir una jubilación. Además, Duque buscó privatizar 16 empresas públicas y favorecer a Odebretch, Reficar y Ais, para poder cerrar las cuentas fiscales.

Esto no ha cambiado sino que con la llegada de la pandemia se registraron 5 millones de personas que se quedaron sin empleo, 500 pequeños negocios desparecieron, las micro y medianas empresas colapsaron.

Además, el gobierno de Duque endeudó el país de una forma exponencial. La deuda externa equivale al 65 por ciento del PIB, tiene un déficit fiscal de 9 puntos, la pobreza subió del 35 al 42 por ciento, el desempleo se ubica en el 16 por ciento -sube al 20 para mujeres y jóvenes- y alrededor de tres millones de colombianos pasaron a la pobreza, de los cuales un millón solo tiene una comida al día, según datos de la Central Única de Trabajadores de Colombia.

La represión aumentó la bronca. En Colombia las fuerzas de seguridad están bajo la esfera del ministro de Defensa y actúan con un perfil militarista propio de su entrenamiento para combatir a la guerrilla.

Dentro de las fuerzas represivas, se destaca el  Escuadrón Móvil Antidisturbios que estuvo en el ojo de la tormenta en septiembre del año pasado cuando asesinó al estudiante de 18 años, Dilan Cruz.

Las denuncias detallan que las intervenciones del ESMAD son temerarias y nos remontan a prácticas militares de los tiempos de las dictaduras en América Latina. Por lo pronto, las organizaciones de Derechos Humanos reportaron más de 30 asesinados, cerca de 90 desaparecidos y más de 800 heridos por la brutalidad policial.

Iván Duque es el delfín del expresidente Álvaro Uribe quien además es un exponente de la ultraderecha regional que componen Mauricio Macri, Luis Almagro y Jair Bolsonaro. Se ubican bastante a la derecha de Joe Biden.

La estrategia a la que apela el uribismo es conocida y apunta a demonizar a quienes se manifiestan con calificativos como “terrorista” o “guerrilleros comunistas”. Otro pretexto bastante flojo de papeles es el de la “brisa bolivariana” que plantea que el gobierno de Venezuela es quien orquesta toda esta reacción popular.

El mismo argumento fue utilizado por Sebastián Piñera en Chile y Lenin Moreno en Ecuador y fue este último el que reavivó la tesis. Ni Piñera ni Moreno sacaron provecho de esta jugada pero la utilizaron para reforzar el aparato represivo y legitimar todo tipo de abuso.

La realidad es que el uribismo está contra las cuerdas. Esto no significa que el gobierno caiga antes de tiempo ni mucho menos porque cuentan con una poderosa red nacional e internacional de apoyo, pero su vínculo con el pueblo colombiano muestra signos de desgaste.

Una reciente encuesta de Invamer indica que un 63,2 por ciento desaprueba la gestión de Duque contra un  33,1 por ciento que la respalda. La mayor tasa de desaprobación contra el gobernante se concentra en Bogotá con el 81,9 por ciento.

Las urnas ya le hicieron sentir el rigor al oficialismo en las elecciones municipales de 2019 cuando perdió históricos bastiones como Cali, Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, Bogotá, Cúcuta, Montería, Boayacá, Manizales y Caquetá.

El enojo social abre una oportunidad para las elecciones presidenciales del año que viene. Con Duque fuera de juego, el senador de izquierda y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro lidera los sondeos con el 38 por ciento seguido por Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín con 15 puntos.

Petro y Fajardo representan al Pacto Histórico y Coalición de la esperanza respectivamente, dos espacios de centroizquierda que podrían capitalizar el hartazgo con décadas de gestiones conservadoras. Del oficialismo recién aparece tercera la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con un 11,8.

El escenario se presenta tenso y complejo para el gobierno que profundizará la narrativa reaccionaria y la militarización para neutralizar una aluvión callejero que por el momento se presenta incontrolable.

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