El drama de los anteúltimos

El último informe del CETyD ordena las preguntas en torno de la informalidad laboral y la economía popular. El despliegue del Estado y las organizaciones sociales para contener a los más postergados amortiguó la caída del poder adquisitivo de ese sector, que redundó en una pérdida del 10 por ciento entre 2011 y 2021, mientras que el quintil cuyos ingresos provienen del trabajo pero sin cobertura o contención de programas estatales perdió un 20 por ciento en el mismo período. | Por Pablo Dipierri

“El tejido social, productivo y laboral no se está desmembrando únicamente por su parte más delgada. La realidad de los últimos es crítica, pero la de los anteúltimos también es alarmante”. Tal es la primera conclusión del último informe del centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la UNSAM. El trabajo centra la atención en la penuria de los “trabajadores de hogares pobres o que se encuentran apenas por encima de la línea de pobreza y que están por fuera de la cobertura de las normas laborales y la representación sindical”, y considera que se trata de ese sector al que “no llegó la atención del Estado ni la intervención de las organizaciones sociales”.

En ese sentido, cifra la ubicación de las preocupaciones en que esa “gran mayoría no es beneficiaria de programas sociales, sus ingresos provienen casi exclusivamente del trabajo y sus inserciones laborales suelen ser precarias e inestables”. Y bajo la misma perspectiva, aclara: “durante la última década, (esos trabajadores) atravesaron un proceso de empobrecimiento desprovistos de mallas de contención”.

Titulado “Empezar por los últimos, seguir por los anteúltimos”, este material de los investigadores de la UNSAM advierte que “la pérdida de ingresos de ‘los últimos’ deterioró aún más la realidad de quienes tenían muy poco margen para seguir pauperizándose, pero esa caída fue más acotada que la del resto de los segmentos poblacionales debido, en parte, al crecimiento de los ingresos provenientes de programas sociales”. Asimismo, dice el relevamiento, “aunque ‘los anteúltimos’ partían de una situación menos dramática, tenían menos mecanismos para mitigar el impacto de las crisis y por eso la pérdida de ingresos entre ellos fue más acentuada”.

La pregunta sobre el empleo

A lo largo de 12 páginas, la pieza académica trata de aproximarse a la respuesta acerca de la posibilidad de convertir los planes sociales en empleo. “¿El sector privado podrá absorber en algún futuro cercano tanto a los beneficiarios de esos programas (sociales) como a los millones de trabajadores que hoy se desempeñan en la precariedad? ¿Podrá ofrecerles empleos de calidad, bien remunerados y protegidos por las leyes y los convenios colectivos de trabajo? ¿O la promesa de convertir planes en empleo sólo podría materializarse por medio de la expansión del trabajo en el sector público? Y entonces, ¿la única alternativa posible es fortalecer a esos emprendimientos productivos que surgieron desde los márgenes y dieron origen a la “economía popular”, sea porque su exclusión del entramado productivo formal es una realidad que no tiene vuelta atrás o sea porque esa es la única vía de integración posible a las cadenas productivas del sector formal?”, son las preguntas orientadoras escogidas por sus autores.

Al respecto, indican que “en 1974 cerca de uno de cada dos trabajadores tenía un empleo formal bajo relación de dependencia en el sector privado”, y en la actualidad “sólo el 37% se encuentra en esa situación”. “La estructura ocupacional de nuestro país se ha fragmentado y tanto el empleo precario como la desocupación se han expandido de manera considerable”, aseveran.

Según datos del CETyD en base a los registros del Indec, el 48 por ciento de los trabajadores estaba conchabado formalmente en el sector privado para el año en que murió Juan Domingo Perón. Y durante el pico de los gobiernos kirchneristas, en 2010, se alcanzó el 41 por ciento. Antes y después de esa fecha, los cálculos se ubican por debajo de ese índice –salvo para el caso del septenio de la dictadura, aunque la espiral era indefectiblemente descendente-.

El informe consigna que el 23 por ciento de los trabajadores orbitan bajo condiciones de empleo informal, el 17 por ciento se considera como cuentapropista de baja calificación y el 7 por ciento permanece desocupado. “¿Esta pauperización del mercado laboral es parte de un proceso inexorable? ¿Es la consecuencia de tendencias globales que tienen su inevitable correlato en nuestro país? ¿Es el resultado de un capitalismo cada vez más excluyente, que por medio de la acelerada incorporación de tecnologías en los procesos productivos va reduciendo cada vez más sus necesidades de mano de obra?”, inquieren los responsables del centro.

El análisis de estos especialistas concede que Argentina “no podría mantenerse ajena a las grandes transformaciones que los sistemas productivos están atravesando en todo el planeta”. “Incluso en los países desarrollados está perdiendo presencia el empleo asalariado, formal, de jornada completa, que supo ser la expresión del modelo industrialista de pleno empleo y Estado de Bienestar”, remarca.

Además de la condición expansiva de los monotributistas en las economías periféricas, menciona la proliferación de “empleos atípicos”: puestos temporales, tercerizados, contratados a través de agencias, falsos autónomos.

No obstante, el CETyD no se rinde a la extinción del empleo formal bajo relación de dependencia. A su criterio, “los debates en torno al impacto que tienen las tecnologías sobre el empleo están lejos de saldarse”, en tanto los avances tecnológicos y la automatización de tares destruyen puestos de trabajo pero crean otros nuevos. Y al mismo tiempo, pondera que es evidente que en Argentina “el peso del empleo formal ha decrecido durante los últimos cincuenta años” y el país “se encuentra entre los países del mundo que han tenido peor desempeño económico durante ese período”.

Para ilustrarlo, incluye un cuadro comparativo que da cuenta de que el PBI per cápita local “creció apenas un 26% entre 1974 y 2019, muy lejos del 68% del conjunto de Latinoamérica, del 115% de la Unión Europea o del 430% del sudeste asiático”. “Nuestros vecinos más cercanos también tuvieron una evolución bastante más favorable: en Bolivia el PBI per cápita creció 63%; en Brasil, 72%; en Uruguay, 150%; en Paraguay, 157%; y en Chile, 234%”, enumera.

Por lo demás, concede que durante los mandatos kirchneristas se crearon 3 millones de puestos de trabajo formales solo en el sector privado. Para contestar a la incertidumbre sobre la posibilidad de incluir a los excluidos habría que evaluar un nuevo ciclo de crecimiento económico, desliza.

Los que están a la intemperie

El documento revela que la gran mayoría de “los anteúltimos” no son beneficiarios de programas sociales y sus ingresos provienen casi exclusivamente del trabajo. “Mientras que los programas sociales aportan el 12% de los ingresos de ‘los últimos’, esa proporción se reduce al 3% entre ‘los anteúltimos’. A su vez, los ingresos laborales aportan el 67% de los ingresos totales de ‘los últimos’ y el 75% de ‘los anteúltimos’”, grafica.

Sin eludir el malestar socioeconómico extendido por la evolución desfavorable de los ingresos, el CETyD argumenta que “la situación de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad en 2011 era preocupante”. “En ese marco, la disminución del 10% de sus ingresos entre ese año y 2021 deterioró aún más la realidad de quienes ya en ese momento tenían muy poco margen para seguir pauperizándose”, explica, y agrega: “la pérdida de ingresos de ‘los últimos’ fue más acotada que la del resto de los segmentos poblacionales. Y al menos una parte de ese diferencial puede explicarse a partir del crecimiento del 37% que los ingresos provenientes de programas sociales durante esa década”.

La conclusión es evidente: “el esquema de asistencia social que tanto el Estado como las organizaciones sociales ya habían desplegado en esos territorios logró amortiguar la caída”. Pero distinta es la condición de los ‘anteúltimos’: “entre 2011 y 2021 sus ingresos se retrajeron 19%. Y si bien en términos proporcionales la caída fue similar a la de los grupos sociales mejor posicionados, ellos tenían mucho menos margen para perder. Una caída de esa magnitud no tiene el mismo impacto entre los sectores más acomodados que entre quienes están apenas arriba o apenas abajo de la línea de pobreza”, reza el compendio.

En definitiva, los académicos de la UNSAM reconocen que “los llamados ‘planes’ son la expresión de una trayectoria histórica de aprendizaje, reconocimiento y abordaje (siempre incompleto) que el Estado y las organizaciones sociales realizaron durante las últimas décadas para atender la situación de las poblaciones más vulnerables”. “El otorgamiento de la personería social a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la implementación del Salario Social Complementario, o la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) son parte de esa incipiente institucionalización, que naturalmente tiene aún un cúmulo de urgencias y necesidades por satisfacer”, asegura.

Sin embargo, alerta sobre el padecimiento de los trabajadores pobres y no organizados: si de los 10 millones de personas que nutren la economía popular sólo 1,3 millones percibe ingresos de algún programa social y cerca de 4 millones figura en el RENATEP, habría alrededor de 5 millones de trabajadores sin malla o contención alguna.

Para el cierre de su informe, el CETyD lanza una serie de interrogantes: ¿Qué iniciativas debería contener una agenda de políticas para “los anteúltimos”? ¿Se trata de incentivar el crecimiento del sector de la economía formal para que las empresas insertas allí puedan emplearlos? ¿O hay que incentivar su aproximación a la economía popular? ¿Cómo avanzar en la formalización de las trabajadoras de casas particulares? ¿Qué políticas podrían intervenir sobre la realidad de albañiles, gasistas, plomeros y otros trabajadores independientes informales? ¿La vía de intervención más eficaz por parte del Estado es a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad? ¿Cuál es la viabilidad y cuáles serían las virtudes de implementar una renta básica o un ingreso universal? ¿Es posible promover la sindicalización de estos trabajadores? ¿Es posible incorporarlos a la negociación colectiva? ¿Cómo y con quiénes discutirían sus paritarias?

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