El desafío de Batakis frente a las tarifas

La nueva ministra de Economía asume sin segmentación consumada y con un aumento de tarifas en curso. El formulario trabado, la interna a cielo abierto y las críticas de usuarios organizados y empresas de generación y distribución. | Por Luciana Glezer

La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, tiene otro frente abierto, medular y conflictivo. El aumento en las facturas de gas y electricidad son retroactivos a junio y la segmentación pierde chances reales de ser implementada

Martín Guzmán renunció al Ministerio de Economía corriendo siempre de atrás. Como los sueldos a los precios, como la cotización internacional del gasoil y el impacto en el mercado local y porque es la consecuencia directa, la posición en la cancha, que resulta de un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Guzmán venía empacado con Energía. Fue a pedirle expresamente al presidente Alberto Fernández la cabeza del secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; el interventor en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, y el presidente de Enarsa, Agustín Gerez. «Es imposible, nos ponen palos en la rueda todo el tiempo”, le dijo a Alberto el jueves en una reunión que mantuvieron por varias horas. Con el diario del lunes, resulta obvio que ambas partes se dieron un ultimatúm.

La interna de Guzmán con los funcionarios kirchneristas de la cartera de Energía viene de larga data pero vio la luz a comienzos del año pasado, cuando el por entonces ministro quiso echar a Basualdo con una burda operación mediática. El subsecretario de Energía Eléctrica aún permanece en su cargo.

La cuestión energética es medular para la comprensión del escenario económico actual de la Argentina. El gasoducto, los subsidios, la crisis del gasoil fueron los títulos que incendiaron ese mapa.

Pero lo cierto es que esta contienda se agudizó fuerte ante la urgencia por mostrar avances en la segmentación tarifaria comprometida ante el FMI de cara a la revisión del acuerdo, en el marco del programa económico que conducía Guzmán.

Apurado desde Washington, el ex titular del Palacio de Hacienda corrió del esquema de segmentación tarifaria a todos los funcionarios kirchneristas de la Secretaría de Energía. Mediante una resolución, se le transfirió la autoridad de aplicación al subsecretario de Planeamiento Estratégico, Santiago Lopez Osornio.

Osornio llegó de la mano de Guzmán y fue candidato en la lista de Florencio Randazzo, cuando Fernández ocupó el cargo de jefe de campaña. Actualmente se reconoce como parte del Movimiento Evita.

Lo cierto es que, desde que Osornio obtuvo plenas facultades como autoridad de aplicación, el esquema de segmentación no estuvo exento de torpezas. Al día siguiente de ser transferidas las facultades de Martínez a Osornio, se dieron a conocer los datos que se iban a pedir en la solicitud a completar de manera obligatoria para acreditar las condiciones para la continuidad del subsidio. El formulario nunca fue publicado.

Aún así, los datos que se dieron a conocer tuvieron que ser corregidos al día siguiente. En primer lugar, se hacía referencia al servicio de luz cuando corresponde servicio de electricidad. Resulta evidente que los electrodomésticos forman un componente de peso en el total del consumo. Pero además de este error conceptual, se modificó la dirección donde acudir ante la necesidad de efectuar un reclamo.

“En la primera versión, los reclamos se iban a efectuar en la Subsecretaría de Innovación. Pero como hubo resistencia, la tuvo que cambiar y poner la dirección de su oficina”, chicaneó otro funcionario de Energía.

Días atrás, Osornio convocó a una reunión para discutir con los gobernadores la instrumentación de la segmentación en las provincias. Sin embargo, sin dar explicaciones, la reunión se suspendió sobre la hora. Los gobernadores, que en algunos casos ya habían enviado a funcionarios a Buenos Aires, no ocultaron su enojo por lo que entienden es una improvisación más del Gobierno, que a casi un mes de anunciar la segmentación nunca habilitó la página con el propósito de que los usuarios puedan hacer su descargo para que no les quiten los subsidios.

Las dificultades que enfrenta el Gobierno para instrumentar la segmentación resultan evidentes. Pero la clave es que dejan en carne viva la interna.

Un informe técnico que circula en las empresas que integran la cadena de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica destroza la política de tarifas de Guzmán. El documento comienza con una sentencia lapidaria: “la política tarifaria para el sector eléctrico que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Economía es errática”. “No resuelve los problemas sectoriales de la cadena de pago del Mercado Eléctrico Mayorista y castiga al usuario residencial e industrial. No satisface ni en el corto ni en el mediano plazo la política de reducción de subsidios”, agrega.

En los hechos, el Acuerdo con el FMI, ratificado por Ley 27.668, estableció como objetivo que el déficit del gasto primario para el 2022 debe ser del 2,5% del PBI. “Esta propuesta es incompatible e inconsistente con la de quita de subsidios al sector energético”, afirma el documento.

En 2021, el déficit fiscal primario fue del 3% del PBI. Los subsidios a la energía en el 2021 representaron el 2,3% del PBI. La propuesta consiste en reducirlos un 0,6% para el 2022. Esto implica que deben representar el 1,7% del PBI, “lo cual es una situación incompatible con el escenario de aumento de precios internacionales de la energía y con las propuestas de reducción de subsidios acordados”.

En la negociación con el FMI, se estipularon los criterios para sector eléctrico. En particular, se determinaron los lineamientos para la segmentación. Esto es quita total de subsidios para el 10% de usuarios residenciales con mayor capacidad de pago, un aumento de más del 40% para sectores medios y un 20% para usuarios con tarifa social.

Según el informe, “más allá de los problemas de implementación y el elevado nivel de inconsistencias que tienen los criterios establecidos para llevar a cabo la política, redundará en un menor poder adquisitivo del salario”.

Para analizar la política tarifaria del Gobierno, es necesario explicar que el 2020 fue atípico por la irrupción de la pandemia. Entre la batería de medidas en materia sanitaria y económica, se congelaron las tarifas de la energía. Fue por eso que las distribuidoras comenzaron un proceso de endeudamiento con CAMMESA, empresa que concentra el segmento mayorista.

Al año siguiente, se emprendió una política de regularización de deuda, donde las distribuidoras fueron aumentando las tarifas de distribución para hacer frente a los compromisos asumidos. Sin embargo, afirma el informe que “para mantener la razonabilidad de la factura en un contexto de recuperación económica, fue fundamental que el aumento de las tarifas de distribución no sea simultáneo con el aumento del precio de la energía”.

Así, explica que “antes de reducir los subsidios que están en función de los costos de generación, el Estado nacional decidió adoptar una política de mantenimiento del precio estacional para que las distribuidores recuperen el margen necesario para operar”. Y a continuación, enfatiza que fue “esta política de mantenimiento del precio estacional de la energía lo que otorgó la posibilidad a las provincias de adecuar el margen de distribución de sus concesionarias, morigerando el impacto que podría tener un doble incremento, transporte y quita de subsidios, sobre las facturas, en un contexto de demanda eléctrica creciente motorizada principalmente por el sector industrial”.

Como conclusión se remarca que “la política tarifaria que se esta llevando a cabo es inconsistente con los propios objetivos planteados porque no reduce los subsidios según las pautas establecidas. No permite establecer un sendero para el sector industrial que permita amortiguar los impactos de la suba extraordinaria del precio de la energía, con las correspondientes consecuencias para la economía, ni tampoco resuelve la cadena de pagos, dado que el aumento del precio estacional anula la posibilidad de realizar nuevos aumentos sobre el margen de distribución de todas las jurisdicciones (…) y redundará en un resquebrajamiento de la cadena de pagos del sistema eléctrico mayorista”.

Hasta el momento, jurisdicciones provinciales y empresas desconocen la dinámica del mecanismo ideado por el hombre de confianza de Guzmán en la Secretaría de Energía. “Estamos sorprendidos. No sabemos qué clientes entran en qué categoría ni a qué precio”, confesaron a este medio desde un de las distribuidoras que operan en AMBA.

En el Gobierno, la sensación no es tan distante. Todo parece indicar que el esquema de segmentación tarifaria permanece en zona de conflicto.

La suba generalizada de tarifas fue convalidada de forma retroactiva al 1 de junio. Se trata de una suba generalizada porque, para continuar percibiendo el beneficio, hay que inscribirse en un formulario online que aún no está publicado.

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