El 24 por ciento de los feminicidios cometidos con armas de fuego fueron perpetrados con pistolas reglamentarias

Un informe de la agrupación feminista MUMALA alerta por la alta incidencia de agentes de las fuerzas de seguridad en los crímenes con razones de género.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y de acuerdo a las últimas estadísticas difundidas por el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) en lo que va de 2021, de los 203 feminicidios, feminicidios vinculados o trans travesticidios, el 13 por ciento fueron cometidos por personas que trabajaban para las fuerzas de seguridad del Estado, y de los feminicidios cometidos con armas de fuego, el 24 por ciento fueron perpetrados con pistolas reglamentarias.

Fuerza bruta

Según datos aportados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que posee números que abarcan el período 2010-2020, los feminicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad son una parte importante de las muertes de mujeres, lesbianas, travestis y trans en hechos de violencia institucional. Entre ese período, al menos 48 personas fueron asesinadas sólo en el AMBA por sus parejas o exparejas policías y 17 eran también funcionarias de seguridad.

En los casos en los que las víctimas son integrantes de las fuerzas del Estado, la violencia perpetrada refleja un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las fuerzas de seguridad.

Quienes integran las fuerzas de seguridad son de algún modo auxiliares de la justicia. Significa que además de tener licencia para portar armas que pueden acabar con la vida de una persona pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular las escenas para hacerlas coincidir con la versión de su conveniencia. 

Según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) los "femicidios de uniforme" son la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. Desde 1992 hasta la fecha la Coordinadora registró 392 feminicidios de uniforme sobre un total de 674 víctimas mujeres de la represión institucional.

Portación de armas

Un factor de riesgo para las personas que conviven con funcionarios de seguridad es la portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, y aunque en 2020 el Ministerio de Seguridad reforzó la prohibición para que los agentes federales denunciados portaran las armas que les asigna el Estado, en algunos casos, la portación se restringe si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal o existe pero no se hace efectiva la medida.

Además, como ocurre en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento por parte de otros integrantes de las fuerzas y sus vínculos con el poder judicial.

Luego de que se conociera el caso de gatillo fácil contra Lucas González, el joven que fue asesinado en Barracas por agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, insistió con la necesidad de que los policías no puedan portar el arma reglamentaria cuando no están en funciones. En declaraciones a FM La Patriada, Verdú contó que más de la mitad de las muertes por gatillo fácil las producen policías de civil, e instó a llevar adelante cambios profundos en relación a la normativa de portación de armas de los efectivos de las fuerzas estatales. 

Algunos nombres

En febrero de este año dos feminicidios alcanzaron la tapa de los diarios por tener en común que los principales sospechosos formaban parte de las fuerzas de seguridad. Se trata de los casos de Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que vivía en la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, e Ivana Módica, de 47 años, oriunda de La Falda en la provincia de Córdoba. Matías Ezequiel Martínez, ex pareja de Bahillo y oficial de la Policía Bonaerense, fue condenado a cuatro años por el crimen de Úrsula y Javier Galván, que era piloto de la Fuerza Aérea Argentina y fue destituido después de que confesara el asesinato de Ivana. 

El 4 de octubre un policía mató a su pareja frente a uno de sus hijos y luego se suicidó. El efectivo policial trabajaba en la comisaría de La Playosa, en la localidad cordobesa de Silvio Pellico.

Tres días después, el 7, en la ciudad de Rosario de la Frontera, en el sur salteño, la agente de policía provincial Gladys Paz fue encontrada asesinada a balazos y por el ataque se entregó quien era el principal sospechoso, su pareja, también miembro de la fuerza de seguridad.

También en octubre y en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, un policía identificado como Carlos Suárez (40) mató a balazos a su pareja, Carolina Figueroa (36), empleada de la misma fuerza, y luego se suicidó frente a la tumba de su padre en el cementerio local.

Estos son sólo algunos de los 24 casos que registró el Observatorio de las Violencias de Género 'Ahora que sí nos ven', en un informe publicado el martes donde detallaron que fueron 19 policías, 4 militares y 1 gendarme quienes perpetraron feminicidios entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2021.

El gobierno impulsa cambios en la legislación

Hoy la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció la puesta en marcha de un proceso participativo y federal para construir una reforma integral de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

A once años de la sanción de la ley, la propuesta de Gómez Alcorta tiene por objetivo adecuar la normativa a las necesidades y demandas actuales sobre nuevas tipificaciones y modalidades de violencias, al tiempo que busca incorporar la perspectiva de diversidad y brindar herramientas para fortalecer el rol de los distintos niveles de gobierno y de las organizaciones sociales territoriales en el abordaje de esta problemática. 

Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebra un 25 de noviembre porque en 1960 aparecieron los cuerpos masacrados de Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, tres hermanas dominicanas que fueron activas militantes contra el régimen dictatorial de Trujillo y cuyos cuerpos aparecieron destrozados al noroeste del país luego de que un escuadrón de las fuerzas armadas enviado por el dictador las matara a golpes y las metiera en un vehículo para simular un accidente. 

En nuestro país se cometen crímenes de odio por cuestiones de género a diario. Las cifras son escalofriantes. Un feminicidio cada 34 horas. En lo que va del año 24 de esos asesinatos fueron cometidos por personal de las fuerzas del Estado.

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