Cultura Soberana, independencia económica, justicia social

Ante el descalabro de la ley macrista 27432, ya se aprobó en comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados un proyecto para que ese marco normativo caiga. Sin esta iniciativa, se compromete la labor del INCAA, el Instituto Nacional del Teatro, RTA y la CONABIP, entre otros sectores. | Por Daniel "Tano" Catalano, secretario general de ATE-Capital.

Entendemos a las culturas y a la comunicación como determinantes de la felicidad de los pueblos y, productora de sentidos profundos, identidades, memorias, creencias, filosofías de vida y, también, de las formas en que se hace política.

Por eso nos resulta indispensable que el Estado tenga un rol ineludible en la planificación de políticas públicas en beneficio de la igualdad de oportunidades y acceso de todas y todos tanto a la comunicación como a los aspectos culturales y del conocimiento, con una perspectiva federal, diversa e inclusiva.

El Estado, en su carácter solidario, regulador, con presupuesto y planificación, debe promover la preservación de nuestra identidad, para fortalecer las manifestaciones culturales de nuestro pueblo y su destino de liberación, felicidad y soberanía.

Hoy todo ello está en peligro porque la reforma tributaria sancionada en la Ley 27.432 (2017), durante el gobierno de Macri, dispone en su artículo 4°” que los organismos de fomento a la cultura dejarán de recibir las asignaciones específicas el 31 de diciembre de 2022.

Esto implica que los fondos específicos conquistados por el pueblo argentino pasarán directamente al Tesoro Nacional para el uso discrecional que cada gestión gubernamental determine. Esa ley neoliberal tuvo como objetivo avanzar sobre nuestra soberanía cultural y avasallar nuestra identidad.

La autonomía específica de estos fondos son imprescindibles para la existencia y funcionamiento de los distintos institutos y espacios de construcción cultural y comunicacional de nuestro país, representando en algunos casos más del 90% de su presupuesto total, afectando al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), al Instituto Nacional del Teatro (INT), al Instituto Nacional de la Música (INAMU), a la Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA), a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y al FOMECA-ENACOM (Fondo creado para proyectos especiales de comunicación audiovisual y el apoyo a medios comunitarios, de frontera y de Pueblos Originarios).

En síntesis: es una quita de autonomía y recorte presupuestario encubierto para los distintos organismos que fomentan las culturas y la comunicación en nuestro país, y con ella la producción, el desarrollo y el trabajo de miles de argentinos y argentinas.

Es por ello que nos sumamos a la solicitud de las organizaciones y colectivos del sector, y a las y los trabajadores estatales que sostienen estas políticas públicas de fomento y desarrollo de las culturas y la comunicación, para que nuestros legisladores y legisladoras nacionales adhieran al proyecto de ley presentado por José Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Germán Martínez y María Carolina Moisés, integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación, que propone la extensión hasta el 31 de diciembre de 2072 de la vigencia de las asignaciones específicas para los organismos de fomento a la cultura y que ya tiene dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Finalmente, aspiramos a que las conquistas obtenidas a lo largo de años de lucha nunca más vuelvan a estar en peligro. Por el contrario, trabajaremos para seguir ampliando derechos y espacios para las culturas de nuestro país, en pos de la independencia económica para una cultura soberana que contribuyan a la soberanía política, la justicia social y la felicidad de nuestro pueblo.

 

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