Confirman la sentencia que ordenó al Gobierno de la Ciudad garantizar el acceso a la educación en las escuelas públicas

La resolución es significativa en cuanto a la tutela del derecho a la educación, ordenando la adopción de medidas necesarias para garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria en seis distritos de la Ciudad.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) confirmó, este lunes por mayoría, la sentencia dictada por la jueza Elena Liberatori que ordenó al Gobierno porteño “adoptar las medidas necesarias e inmediatas a fin de cesar en su omisión de asegurar y garantizar el acceso a la Educación Primaria y Secundaria en los Distritos N° 1, 5, 13, 19, 20  y 21”  de la Ciudad.

Además, el tribunal confirmó la decisión de la magistrada de ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informar, publicar y actualizar permanentemente en su página web la información relativa a las 54 nuevas escuelas construidas, detallando el nivel del centro educativo y datos sobre la obra, así como la cantidad de vacantes disponibles, en tiempo real, para cada Distrito Escolar.

Asimismo, se ordena poner la sentencia en conocimiento de la Legislatura de la Ciudad, para que a través de sus competencias, disponga los recursos presupuestarios suficientes para su cumplimiento.

El amparo había sido iniciado por las madres de dos niñas, el entonces legislador, Patricio del Corro, la representante de la Asociación de Docentes, Alicia Navarro Palacios y el congresal de la Unión de Trabajadores de la Educación, Federico Raúl Puy. Su objeto era lograr que el GCBA informara sobre las vacantes escolares para el ciclo lectivo 2017, además de cumplir con su obligación de asegurar y financiar el acceso a la educación pública de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad.

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) intervino en la causa con la redacción del informe titulado “Situación de vacantes escolares no cubiertas en la CABA, 2014/2018”, brindando a la jueza Liberatori información oficial relativa a los años 2014, 2016 y 2017.

Esta valiosa sentencia se encuentra acorde a las políticas de trabajo que desarrolla el Ministerio Público de la Defensa, en aras de garantizar el derecho constitucional a la educación (arts. 23, 24 y 25 de la Constitución de la Ciudad),  el acceso de la comunidad educativa a ejercer su derecho a la información y participación, y en particular los reiterados reclamos respecto al grave problema de la falta de vacantes escolares en la Ciudad.

La falta de escuelas y en consecuencia, de vacantes en los distritos mencionados, afecta gravemente el acceso a la educación de quienes allí habitan y profundiza la desigualdad social. La decisión del tribunal reafirma la responsabilidad indelegable del Estado de asegurar y financiar la educación pública, establecida constitucionalmente, y sostiene la obligación de las autoridades de asegurar la disponibilidad y la accesibilidad del sistema educativo.

Fuente: Ministerio Público de la Defensa CABA.

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