Atrevimientos de cartel en Revolución Federal

Militantes de la agrupación liderada por Jonathan Morel y financiada por Caputo Hermanos quisieron colgar banderas y mensajes de apoyo a los imputados en las rejas de Comodoro Py.

Autoridades de la Cámara de Casación ordenaron a los activistas de Revolución Federal que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py en apoyo a Jnathan Morel, Leandro Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra que quitaran de la valla banderas  y carteles alusivos a los miembros de la agrupación investigados por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Bajo la leyenda «Libres ya», dos trozos de cartulina pintados con rusticidad estética glosaban los nombres de los acusados, pertenecientes a la organización financiada por la firma Caputo Hermanos .

El hecho se produjo al mediodía, cuando un pequeño grupo se presentó en el ingreso de los tribunales federales en apoyo a los integrantes de Revolución Federal y colocó una bandera con el emblema de la organización, reclamando por la libertad de los acusados. La intervención coincidió con la jornada en que Sosa y Guerra habían sido convocados a prestar declaración indagatoria. Al mismo tiempo, en la Cámara Federal se llevaban adelante las audiencias por las excarcelaciones de los cuatro acusados.

Según supo La Patriada, autoridades de casación ordenaron sacar las banderas y garantizar el orden en el ingreso al predio de Comodoro Py.

De acuerdo al dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita, el cuarteto de la carpintería fundó una asociación que llevó adelante “un esquema delictivo para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. “Para poder comprender la gravedad de la actividad desplegada por la agrupación estudiada, resulta inevitable mencionar la actual crisis económica, financiera y social que nuestro país se encuentra atravesando, y el estado de alarma social que hoy en día reina en razón del atentado contra Cristina Fernández”, tipeó Pollicita.

Los hechos fueron subsumidos en el delito 212 del Código Penal, que reprime con pena de prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación.

Además, se les imputó el delito previsto en el artículo 213 bis, que castiga con tres a ocho años de prisión “al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Ambas figuras fueron calificadas por la agravante prevista en la ley de discriminación para “quien aliente o incite a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

También podés ver...

Royón sobre Precios Justos: «Es una medida de corto plazo»

Así caracterizó la Secretaría de Energía el acuerdo con las petroleras.