Home / Colaboraciones / Soberanía nacional y mercado comunicacional

Soberanía nacional y mercado comunicacional

Por Manuela González Ursi | En el mundo actual, la soberanía nacional no tiene que ver principalmente con los límites geográficos de los Estados, sino con la capacidad de los mismos de tomar las decisiones que involucren la defensa y el desarrollo del interés nacional.

Los Estados deben luchar por el control de las decisiones estratégicas de la vida social, cultural y económica de sus pueblos frente a conglomerados empresariales que exhiben un inédito nivel de concentración e integración global.

El sector de la comunicación en general, tanto en el plano de los contenidos como en el plano de la infraestructura de las telecomunicaciones, exhibe los más altos grados de concentración y de centralización de todos los sectores de la economía.

Según se constata desde la Iniciativa para el Fomento de la Pluralidad y Diversidad Informativa “Solo entre cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos, alcanzan el 56,7% de la audiencia en TV abierta y el 53% en radio en todo el país. Aún más evidente es que una sola empresa provee el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija y el 40% de las bocas de tv paga.”

La convergencia en la prestación de servicios de contenidos y de telecomunicaciones, expresada en la fusión de Telecom con Cablevisión (Clarín) presenta un panorama alarmante no sólo desde el punto de vista de la concentración de poder en el mercado de las telecomunicaciones, sino que hace prácticamente imposible la existencia de nuevos competidores en el mismo mercado.

Por esto, la defensa de la soberanía nacional tiene que ver hoy precisamente con la desmonopolización del mercado y con la capacidad del Estado de producir las condiciones para que nuevos jugadores ingresen en condiciones de poder competir y generar trabajo. La pluralidad en el mercado, además de beneficiar a los usuarios y dinamizar la inversión, inhibe el poder de condicionalidad que estos grupos ejercen sobre la vida democrática.

Lograr este objetivo implica la confluencia de la decisión política gubernamental y la acción organizada de la sociedad civil. Por un lado el Estado, aplicando las normas que impiden la concentración monopólica y que favorezcan la competencia. Por el otro las organizaciones de usuarios, que no conciben a la comunicación como una mercancía sino como un derecho y como una oportunidad para la generación de contenidos genuinos y de trabajo genuino.

En la actualidad, la mayoría de los barrios populares y poblaciones rurales se encuentran imposibilitados de acceder a un servicio de conectividad que sea eficiente y económicamente accesible. Este es el resultado previsible de la lógica del beneficio empresarial: donde el mercado no es rentable no se hacen las inversiones para llevar el servicio. Pero también es el producto de la acción o de la omisión del Estado.

En una villa o en un asentamiento no es que no está presente el mercado ni el Estado, sino que es precisamente el modo en que están presentes lo que reproducen las condiciones de esta marginalidad.

Pongamos esto en claro: en una villa o en un asentamiento no es que no está presente el mercado ni el Estado, sino que es precisamente el modo en que están presentes lo que reproducen las condiciones de esta marginalidad.

Hace falta únicamente detenerse en el consumo de los vecinos de los barrios más pobres: el grueso de su consumo termina directa o indirectamente en las empresas más concentradas de la economía argentina, y no solo de las alimenticias, sino también las comunicacionales.

Por eso, la solución no puede ser la de decir que “hay que integrarlos al mercado”. Están demasiado integrados a este mercado profundamente concentrado.

Pero tampoco hay que pensar que la solución de esto es la pura acción estatal. El Estado es también el responsable de esa situación. En todo caso, sería sobre otras relaciones de fuerza que el Estado puede ser el parte de la solución.

Y es sobre esas otras relaciones de fuerza sobre lo que hay que indagar. Ahí está el poder de la organización de los usuarios: las experiencias de redes de usuarios en los barrios populares han demostrado la absoluta viabilidad y sostenibilidad de proyectos que garanticen el acceso a un servicio de calidad y a bajo costo y que redunde en la generación de trabajo genuino en las barriadas mismas en las que se desarrollan estas experiencias.

Desde el proyecto Atalaya Sur nosotros podemos decir, luego de 6 años de trabajo en la construcción de redes de usuarios en villa 20 de CABA, que esto es posible. Las redes comunitarias es la única manera de generar la inclusión masiva de cientos de miles de argentinos a un servicio esencial como lo es la conectividad.

La sostenibilidad de la red se basa en el aporte de los usuarios y genera, cada 100 nuevos conectados, un puesto de trabajo genuino y de capacitación permanente. Si esto lo escalamos a la cantidad de hogares estimada por el relevamiento de barrios populares (RENABAP) estamos hablando de la posibilidad de generar 10.000 puestos de trabajo genuinos, con ingresos similares a los que se pagan en el mercado, y a la consolidación de experiencias de organización y de gestión locales.

Pero además, nuevamente como lo demuestra nuestra experiencia, estas redes constituyen vehículos de comunicación y de generación de contenidos locales que alientan vocaciones periodísticas y artísticas donde más hace falta generarlas.

La colaboración entre redes de usuarios o comunitarias y el Estado puede cambiar radicalmente la tendencia actual hacia un horizonte de crecimiento y desarrollo.

En suma, enfrentamos hoy un punto crítico en relación al devenir de la tecnología. Va a depender de lo que hagamos, como pueblo y como Estado, en relación a ella. La colaboración entre redes de usuarios o comunitarias y el Estado puede cambiar radicalmente la tendencia actual hacia un horizonte de crecimiento y desarrollo de los sectores hoy marginados.

De ahí podrán salir también, por qué no, asociaciones de usuarios y cooperativas que compitan en un futuro en un mercado más justo y de mayores oportunidades. La lucha por la defensa de la soberanía nacional consiste precisamente en tener la capacidad de generar esas condiciones de acceso y de competencia en el mercado. Mientras lo que se llama mercado sea el coto de caza de un conglomerado oligopólico nuestras aspiraciones soberanas serán indefinidamente postergadas.

En la tecnología hay una oportunidad para empezar a revertir esta situación. Hay que verlo y hacerlo.

 

Por Manuela González Ursi - Atalaya Sur – Proyecto Comunidad.

También podés ver...

Bolivia en el filo: Entre la recuperación democrática y el miedo al fraude

Por Augusto Taglioni | Los bolivianos acudirán a las urnas en un contexto en el que se combinan la expectativa de recuperar la institucionalidad perdida luego del golpe de Estado contra Evo Morales y el temor a la falta de transparencia y posible fraude.