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Mucho más que divisas

El crecimiento de los consumos culturales a través de una economía de plataformas innegablemente concentrada a escala global tiene un fuerte impacto tanto en el pluralismo de contenidos como en salida de divisas. La soberanía digital es una materia pendiente que empieza a generar debates.

Por Esteban Magnani

¡Cuántos suscriptores tiene Netflix en la Argentina? La pregunta parece fácil de responder, pero no lo es: la empresa ni siquiera tiene oficinas locales a las cuales pedir la información. El dato más cercano proviene de sus declaraciones de ganancias globales, en las que reconoce cerca de 98 millones de suscriptores fuera de los Estados Unidos, aunque no los desagrega por país sino que los incluye en el difuso «resto del mundo». Las plataformas entran a los hogares directamente a través de la fibra óptica, casi invisibles, impactando en la economía local, la forma de consumir, la cultura y casi todas las esferas de la vida cotidiana. Pero, poco a poco, los sectores afectados por esta nueva economía de plataformas comienzan a visualizar el impacto y piden regulaciones que nivelen un poco la cancha nuevamente. En ese contexto, el dato de los usuarios argentinos de Netflix no es meramente anecdótico.
«Lo que estamos viendo es que, tanto por el lado de la producción como por la demanda, vino una transformación radical que quizás es más visible desde el consumo», explica Gerardo Sánchez, coordinador del Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), un programa que depende del (nuevamente) Ministerio de Cultura. «Nosotros hicimos una encuesta en 2017 y cuando la comparamos con el 2013 da otro país. Cuatro años es muy poco tiempo para un cambio tan grande: en el año 2013 el 9% de de la población se conectaba con internet a través del celular. En el 2017 pasó al 75%».
Según el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a mediados de 2018 había 136 celulares por cada 100 habitantes en nuestro país. Estos dispositivos son vectores fundamentales de un modelo de negocios digital que no reconoce fronteras y, en algunos casos, pasa por encima de regulaciones locales para crecer. Para el mundo audiovisual en particular, lo que se pone en juego no es solo un fenómeno económico, sino también cuestiones vinculadas con la diversidad cultural del país. Los hábitos de consumo cambian a toda velocidad en todo el mundo: en países como los Estados Unidos se multiplican los cord-cutters, aquellos que dejan de utilizar el cable y consumen solo a través de plataformas digitales. En la Argentina, al menos por el momento, el fenómeno no se da. Una de las explicaciones es la paquetización en la que una sola empresa ofrece cable, internet, telefonía y plataformas de contenidos (ver Gigantes…). Lo que sí queda claro es que el cambio en los consumos culturales del país, fogoneados por plataformas internacionales, afectan no solo a la industria sino a la cultura misma.

Balanza comercial
El SInCA realiza mapeos regulares sobre los hábitos de consumo cultural en el país. Su informe de 2017 revela un fuerte crecimiento en el consumo de productos audiovisuales a través de plataformas pagas, porcentaje que llega a cerca del 20% de la población total y que crece hasta el 53% en los sectores de nivel socioeconómico alto. La información es un buen indicador de la evolución del uso de pantallas en nuestro país, pero no resultaba fácil deducir de allí los números exactos del streaming. Cuando, en 2018, la AFIP comenzó por cobrar el IVA a las plataformas que operaban en Argentina basándose en los pagos por tarjeta de crédito, se pudo contabilizar con más precisión la cantidad de abonados. Así se supo que hay cerca de dos millones de suscriptores a Netflix; si se los multiplica por los miembros de las familias y las cuentas que se prestan se puede calcular que diez millones de argentinos la utiliza regularmente.

El impacto de este nuevo modelo de negocios por suscripción es profundo: «Fijate que en el año 2013 el problema para la industria era la piratería. Pero ahora, apenas seis años después, lo preocupante es la salida de divisas, un problema que ya no es exclusivo de las empresas sino nacional», explica Sánchez, quien es economista de la Universidad Nacional de Tucumán. Según el informe sobre importación de servicios digitales realizado por la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (DNCI) del INDEC, los servicios digitales, principalmente el streaming, casi se duplicaron en el período 2015/2018. En 2018 los servicios digitales representaron el 44% del total de servicios audiovisuales con una tendencia al crecimiento que se sostiene desde 2011, cuando representaban solo el 1%. En 2018 la balanza comercial de servicios culturales arrojó un déficit de cerca de 342 millones de dólares. La importación de estos servicios representaba en 2018 el 2,9% de las importaciones totales.
Todos estos datos dan cuenta de la creciente sangría de divisas que representa el campo de los servicios audiovisuales digitales en general. Pero si se hace foco en la industria audiovisual argentina en particular, el impacto es mucho más preocupante: «Los montos de las suscripciones pueden parecer pequeños en dólares pero cuando los multiplicás por todas las personas a lo largo de los meses, es mucho dinero: son cerca de 200 millones de dólares», subraya Sánchez. Este monto puede no parecer demasiado para una empresa como Netflix, que facturó más de 5.000 millones de dólares en un trimestre, pero para dimensionar cuánto significa esa cifra en nuestro país es útil hacer una comparación: «Podemos decir que se fueron por suscripciones a Netflix en 2018 dos veces y media lo que gastó el INCAA en el mismo período. O sea que se fueron dos INCAAs y medio contando todo, incluso los gastos administrativos», agrega el especialista.

Lo que para Netflix puede ser un ingreso marginal resultaría determinante para el destino de la industria audiovisual nacional. Estos fenómenos no resultan novedosos: algo similar ocurría con Hollywood y por eso se lo reguló: «La ley del cine dice que cada pantalla tiene que pagar un 10% de impuesto. Por ejemplo, Blockbuster pagaba un 10% de impuestos por cada película que alquilaba y eso iba al fondo de fomento del cine para producción nacional –observa Sánchez–. Si Netflix, que no está pagando nada, tributara lo que dice la ley del cine, el INCAA crecería un 20% solamente con esa fuente. Si esa plata fuera destinada solo a fomento, este crecería un 40%»

Más de lo mismo
El costo en divisas de las plataformas que se dedican desde el delivery a la hotelería no es menor, pero entregar dólares por servicios de streaming no afecta solo a la economía: la producción audiovisual está vinculada con un concepto más difuso y valioso como la cultura, que no se mide solo en dinero. «Me parece que a lo que más ataca este modelo en cuanto lo cultural es a la diversidad –explica el economista–. Hay una plataforma que aparenta mostrar todo pero solo muestra lo que tiene. Es una visión compartimentada de la cultura, es lo estadounidense, más lo del país, más lo que responde a los cánones de homogenización internacional. Desde una lógica empresarial, lo que hace Netflix es sensato: los contenidos culturales dan ganancia en su escala porque el costo marginal pasa a ser cero una vez que el producto está terminado. Entonces está claro que uno no puede depositar en Netflix la responsabilidad de garantizar la diversidad de contenidos».
Netflix sustentan la hipótesis del lugar secundario que tiene la producción nacional en la plataforma. Un estudio de Ezequiel Rivero, investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Quilmes, indicaba que de los cerca de 3.000 títulos del catálogo disponible en Argentina al momento de realizar el estudio, cerca del 80% provenía de ocho países, liderado por el 52% de los EE.UU. y el 7,5% de Reino Unido; solo el 3% del catálogo disponible en nuestro país corresponde a producciones nacionales. «Contrariando la idea de que los servicios de distribución de video por internet nos permiten ver lo que queremos, en este trabajo sostenemos que en realidad no vemos lo que queremos, vemos lo que está disponible, lo que nos ofrecen», sintetiza el especialista. Y aclara que la producción audiovisual «tiene incidencia en la circulación social de sentidos, la creación de imaginarios, la formación de la opinión pública, y por lo tanto, sobre la vida democrática de los países».

Es también por esta razón que resulta necesaria la intervención del Estado para aplicar las leyes existentes y diseñar otras más acordes a la creciente convergencia digital. Los esfuerzos por regular a plataformas como Uber, que se resisten a aceptar las normativas de los países a los que llegan, plantean un desafío legal, político e incluso práctico, ya que deben negociar en muchos casos con empresas que ni siquiera tienen oficinas locales. Lo positivo es que la actitud de Netflix no ha sido reticente en otros lugares: en Francia, por ejemplo, la empresa paga los impuestos correspondientes y acepta las cuotas de producción nacional establecidas por las leyes de ese país. Este tipo de regulación sería vital en la Argentina, donde la producción audiovisual tiene un dificultad histórica no solo para producir sino también para mantener un cuota en los cines frente a los tanques estadounidenses que se estrenan en decenas de pantallas en simultáneo. El Estado argentino dio señales de interés por el mercado digital cuando lanzó en 2015 la plataforma Odeón (ahora llamada cine.ar) donde se encuentran cientos de títulos nacionales gratuitos y donde también hay algunos estrenos disponibles por precios relativamente bajos.
El nuevo Gobierno parece visualizar el problema económico al aplicar un recargo a las compras con tarjetas de servicios en el exterior. En tanto, el nuevo presidente del INCAA, Luis Puenzo, habló en varias entrevistas sobre la necesidad de entender cómo afecta el streaming a la producción audiovisual local. Para Sánchez, los países latinoamericanos en general aún no logran visualizar la problemática en toda su dimensión: «Hoy en día, esto no está sobre la mesa porque no hay una mirada de la cultura en tanto un problema económico y de diversidad. No prima en general y ni hablar en la gestión estatal anterior. Pero tampoco en otras gestiones se le dio al Ministerio de Cultura esa potestad de decir: “No solo garantizamos que se abran los museos, que haya eventos, sino que también ordenamos toda esta maraña económica”. Lo que falta es la mirada de un ente que pueda jugar con esa función de lo simbólico y lo económico, que esa discusión no pase solo por AFIP. Ahí sí es fundamental que el Ministerio de Cultura tenga una pata puesta en estos problemas, que sea un jugador del área», explica Sánchez, quien también es parte del Grupo Barolo, un colectivo de profesionales, militantes y trabajadores de la cultura.

La cultura se nutre de nuestras conversaciones cotidianas, de los espectáculos, los libros, las anécdotas, los saberes, los chistes y todo aquello que implica alguna forma de comunicación entre personas; es un bien distribuido en permanente construcción. Las tecnologías digitales se ubican como intermediarias de estos procesos de comunicación y lo hacen, como es de esperar, en equilibrio entre lo que los usuarios «quieren» (o al menos no rechazan) y lo que les permite generar ganancias para ellos. En la medida en que más interacciones sociales se den a través de estas plataformas, mayor será el poder de las corporaciones internacionales y de sus algoritmos para incidir en la forma particular en la que se cocina la cultura nacional. El Estado deberá asumir un rol inteligente y decidido para no delegar en estas empresas una porción de esta tarea.

Fuente: La nota completa, publicada originalmente en la Revista Acción, puede leerse en https://www.estebanmagnani.com.ar

 

 

 

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