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Jujuy: Desalojo y violenta represión a la comunidad de Tusca Pacha

La abogada especializada en Derechos Humanos Paloma Álvarez Carrera denunció "abuso de la fuerza" y Juana Mamani, la presidenta de la Comunidad, afirmó que detrás del desalojo hay negocios inmobiliarios.

La abogada especializada en Derechos Humanos, Paloma Álvarez Carrera, dialogó con FM La Patriada sobre la represión policial y el desalojo a la comunidad indígena de Tusca Pacha de Los Alisos, Palpalá, provincia de Jujuy. 

Hoy "hubo un uso excesivo de la fuerza, heridos de balas de goma, fue bastante violento, resultó herido un niño de 11 años. Las personas que resultaron heridas fueron atendidas en un hospital", contó la abogada.

Según explicó la abogada, estuvieron presentes junto a la comunidad de Tusca Pacha el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Jujuy y funcionarios locales, entre ellos Anastasia García, perteneciente al Ministerio de Agricultura de la Nación, que "fue demorada pero fue la única que no resultó imputada".

Asimismo, dijo que "en la seccional 51 fueron demorados cuatro compañeros de la comunidad, tres de ellos imputados por el delito de resistencia a la autoridad".

Los cuatro detenidos ya fueron liberados y la comunidad se dirigió a hacer la denuncia por el violento desalojo por parte de la policía de Jujuy.

"Ya se puso en conocimiento de esto a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, por eso vinimos a hacer un seguimiento. También el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas había solicitado que se suspenda esta medida. La defensora actual de la comunidad, la Dra. Natalia Peñaloza", prosiguió Paloma Álvarez Carrera.

También habló la presidenta de la Comunidad, Juana Mamani, quien señaló: "Estamos muy angustiados y preocupados por el desalojo en la comunidad de Tusca Pacha de Los Alisos, Palpalá. Hubo tiros de armas de fuego. Hirieron a un niño que lo único que hacía era pastar sus vacas, le tiraron un tiro, le lastimaron la frente".

La comunidad denuncia, transmitió la abogada, "un negocio de esos supuestos titulares con la gestión anterior, destinando ese territorio para un loteo y con un fin de un negocio económico inmobiliario".

La presidenta de la Comunidad manifestó, asimismo, que quienes están detrás de esos negociados son "la inmobiliaria Sucre, el dueño Alfredo González" y el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales, Javier Gronda.

"La justica actúa rápido para los terratenientes, a los humildes no nos escuchan", denunció Mamani.

Álvarez Carrera indicó que el conflicto "se arrastra desde hace más de dos años. La comunidad vive, tiene su producción en esa zona. Es parte del Movimiento Campesino Indígena. Repentinamente, después de 50 años aparecen supuestos titulares registrales, pretendiendo recuperar ese territorio".

"Inicia todo con una denuncia penal por parte de esos supuestos titulares. La comunidad ejerciendo la defensa del territorio y aportando elementos de prueba", dijo.

La abogada remarcó que "está vigente la ley 26.160, que prohíbe desalojos para comunidades indígenas" y manifestó que "la comunidad, desde que fue denunciada como usurpadora, se presentó, se puso a derecho, ofreció elementos probatorios".

La comunidad también "solicitó la presencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas" (INAI), cuyo objetivo se centra en el desarrollo de políticas públicas orientadas a la promoción de las comunidades indígenas en Argentina#, completó.

Fuente: La García - FM La Patriada.

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