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Europa. Pandemia y cadena de suministro de alimentos (parte 1): ¿quién trabaja en el campo?

Aprender las lecciones que dejó la pandemia en distintos países de Europa ha permitido diseñar una estrategia de cuidado y planificación sanitaria que se muestra relativamente exitosa. Tal vez sea interesante, ampliar la lente y atender a otras dimensiones del problema para empezar a elaborar una agenda de discusiones de cara al futuro. Publicamos a continuación el primero de una serie de documentos elaborados por la organización social y política italiana, Potere al Popolo, dedicados a reflexionar en torno al desastre económico post-pandemia con una agenda propia de los sectores populares que atienda a los derechos al trabajo, el ejercicio de la ciudadanía y la calidad de vida.

La crisis sanitaria que vivimos en Italia y en toda Europa pone al descubierto los problemas y contradicciones de nuestra sociedad. Lo vimos desde el principio con respecto al estado de salud y las prisiones, y luego en las semanas siguientes con respecto a la cuestión del trabajo en general. Esta situación significa que algunos temas emergen con mayor claridad que en tiempos "normales", o ganan más visibilidad, o incluso que se trata de encontrar soluciones, buenas o malas, a problemas que tal vez han estado ahí durante décadas.

Estamos viendo estos fenómenos particularmente en un campo, el del trabajo agrícola: después de todo, incluso sin una pandemia en el medio, este es un sector que, por sus particularidades, funciona un poco como un papel de tornasol y un campo de pruebas para el conflicto entre el capital y el trabajo, y es un buen punto de observación para medir su intensidad - en otras palabras, aquí la explotación es más difícil de ocultar.

Ahora, después de un mes de confinamientos, cuarentenas y cierres de fronteras, lo que sucede es que la mitad de Europa carece de la mano de obra necesaria para enfrentar la temporada de cosecha. Estamos hablando de más de un millón de trabajadores estacionales que normalmente llegan a Europa occidental desde Europa oriental o desde muchos países africanos y asiáticos y que no pueden o no quieren hacerlo a causa del coronavirus.

En resumen, las noticias que preocupan a todos y especialmente preocupan a los gobiernos desde Escocia hasta Italia no son, después de todo, “noticias”: los trabajadores migrantes y las trabajadoras son fundamentales para el funcionamiento de la economía europea y, en particular, para un sector clave como la agricultura. Esto se sabe desde hace años, pero durante años se ha negado. Pasar por alto el asunto es, por un lado, perpetuar la explotación de estas trabajadoras y, por lo tanto, aumentar los beneficios de la cadena agroalimentaria.  Y muestra también lo problemático de las políticas xenófobas que choca con la realidad económica objetiva.

Entretanto, las diversas economías nacionales han comenzado a moverse.

Francia fue la primera en poner en marcha una plataforma en línea para reunir la demanda de mano de obra agrícola y la oferta "autóctona", después de que Didier Guillaume, Ministro de Agricultura, hiciera el 24 de marzo un llamamiento a todos los trabajadores que se habían quedado en casa a causa del virus, para que se unieran al "gran ejército de la agricultura francesa" y cubrieran los 200.000 puestos de trabajo que habían quedado sin cubrir por la ausencia de los habituales trabajadores temporeros, principalmente de Marruecos, Rumania y Polonia.

Al hacer este llamamiento, Guillaume tenía en mente sobre todo a los empleados que están cobrando subsidios por desempleo: 8 millones de personas según los datos publicados el sábado 11 de abril por el Ministerio de Trabajo francés, a quienes se les dio la oportunidad de sumar la caja de despidos que reciben por su empleo "normal" y la remuneración de este empleo "extra". Una especie de aumento indirecto de los salarios, para hacer que el trabajo que normalmente realizan los trabajadores extranjeros por salarios más bajos, sea atractivo para los franceses, en lo que se ha definido como "reubicación en el lugar".

También se puso en marcha una plataforma similar en Alemania, donde también se adoptaron otras medidas: el 2 de abril se anunció un plan masivo de importación de mano de obra de los países de Europa oriental. Los trabajadores serán recogidos en sus países de origen y llevados por avión a Alemania, donde serán clasificados directamente a sus destinos de trabajo. Estamos hablando de 40.000 personas para abril y el mismo número para mayo, junto con los 20.000 que se sacarán de la reserva interna: estamos hablando de desempleados, estudiantes, asilados y solicitantes de asilo. Los primeros efectos de este plan no se hicieron esperar: el 9 de abril la televisión rumana mostró imágenes de cientos de personas apiñadas en el aeropuerto de Cluj esperando los vuelos a Alemania. También han salido aviones hacia Europa del Este desde Inglaterra, pero aquí parece que hasta ahora han sido financiados directamente por las agencias de empleo, instando al gobierno a hacer lo mismo.

Rutas similares se han seguido en España, donde el 7 de abril un decreto permitió a los beneficiarios del subsidio de desempleo trabajar en el campo (pero no a los beneficiarios de un subsidio vinculado a la actual crisis del coronavirus). El gobierno español también decidió utilizar una plataforma en línea como las de Francia y Alemania, y renovar automáticamente los permisos de trabajo y residencia de los trabajadores extranjeros ya presentes en España y que expiren entre ahora y el 30 de junio.

Italia no es una excepción: según las cifras de Coldiretti, la agricultura italiana tendrá que compensar la falta de 370.000 trabajadores temporarios que normalmente vienen del extranjero y que cubren más de una cuarta parte de la producción agrícola nacional en los próximos meses. Teresa Bellanova, Ministra de Agricultura, entre finales de marzo y principios de abril, intervino casi a diario sobre el tema, sugiriendo varias soluciones:

-Importar trabajadores directamente de sus países de origen, activando flujos especiales controlados, como en el modelo alemán y presionando a la Unión Europea para que establezca corredores verdes especiales para los trabajadores, así como para las mercancías (con este fin Bellanova también se reunió con el embajador de Rumania en Italia, pero sin llegar a un acuerdo).

-Poner a trabajar a desempleados, jubilados, estudiantes, licenciados a causa del virus, los beneficiarios de la renta ciudadana: esta solución es evocada repetidamente por Confagricoltura, Coldiretti, la Alianza de Cooperativas Agroalimentarias, por el mismo ministro, y habitualmente se aprovecha la retórica de la emergencia que estamos atravesando (¡todos unidos para salvar a la nación! ) pero también de la idea de que, a falta de otra cosa, incluso los italianos que normalmente se negarían a ello se verán obligados a aceptar los bajos salarios del sector.

No es casualidad que estas mismas asociaciones patronales, respaldadas por el derecho a ocupar un escaño en el parlamento o en el gobierno (Lega, Fratelli d'Italia e Italia Viva), hagan todo lo posible para reintroducir los vales en la agricultura, como si la única solución a la crisis fuera reducir los salarios y los derechos de los trabajadores. Esta misma es la dirección en la que se encaminan los EE.UU., donde la administración de Trump ha propuesto simplemente reducir los salarios de los trabajadores agrícolas estacionales para compensar la disminución de los beneficios de las explotaciones agrícolas.

-Regularizar a los trabajadores migrantes ya presentes en el territorio, es decir, la masa de mujeres y hombres devenidos "irregulares" por las políticas italianas de estos años y obligados por ello a salir de la "legalidad"; es decir, a trabajar sin contrato, vivir en guetos, sin ninguna protección ante la violencia de la corporación, de las mafias, de los patrones.

Lo decimos claramente: la tercera solución es la única viable. Porque ahora no se trata sólo de resolver una emergencia temporal, sino de poner en marcha el funcionamiento estructural de este sector. Tenemos la oportunidad de salir de una situación que ha estado sucediendo durante años.

El problema que ahora todos agitan es que esos trabajadores negros que suelen salir de los guetos de San Ferdinando, Borgo Mezzanone o Saluzzo para ir al campo, no pueden hacerlo en las actuales condiciones si no cuentan con determinados “papeles” o documentos de autorización. Se trata, paradójicamente, de esos mismos trozos de papel (contratos, permisos) que normalmente se les niegan a los migrantes para convertirlos en fantasmas que se explotan impunemente, garantizando los beneficios a las explotaciones agrícolas y a toda la cadena que parte de ahí y llega a los supermercados donde compramos frutas y verduras.

Los trabajadores están allí, pero no pueden llegar a los campos a los que suelen ir, ni a ningún otro posible destino en el territorio nacional para compensar los flujos que suelen llegar en esta temporada, principalmente desde los países no comunitarios. No sólo están allí sin poder movilizarse por la falta de documentación, sino que se ven obligados a permanecer en guetos en viviendas improvisadas a las que les lleva la marginalidad impuesta por la legislación italiana: si el virus entra en estos lugares será un desastre.

En síntesis, la agricultura italiana se arriesga a la crisis debido a un cortocircuito que ella misma ha creado, negando a lo largo de los años, condiciones de trabajo y de vida decentes a quienes le permitieron mantenerse en pie. El recurso de flujos especiales procedentes de Europa Oriental (siempre que estos trabajadores acepten venir y hacer un trabajo duro, además de estar expuestos al riesgo de contagio y a un salario bajo) o a una intensificación de la explotación de los trabajadores italianos puede ser la respuesta de los interesados en convertir la pandemia en una oportunidad más de obtener beneficios, pero no es la nuestra.

La única solución posible a una emergencia que ciertamente no ha llegado con el virus, pero que ha estado aquí durante años, es la regularización de los cientos de miles de trabajadores migrantes en el territorio italiano. Sí, porque la regularización no sólo significaría evitar la propagación del virus en los guetos (salvando así vidas humanas, porque de eso es de lo que estamos hablando: las de todos nosotros, porque sólo hay un sistema sanitario y debemos evitar que se derrumbe)  sino también proporcionar a la agricultura italiana al menos una parte de la mano de obra que necesita en este momento.

Pero hacer una regularización exige también poner en crisis un eslabón central de la cadena de explotación dentro de la cadena agroalimentaria: el primer paso hacia una redistribución más justa de la enorme riqueza que esta cadena produce. Y está claro que es esto lo que no parece estar permitido.

 

Fuente: https://poterealpopolo.org/pandemia-e-filiera-agro-alimentare-chi-lavora-nei-campi/

 

 

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