“Brasil, decime qué se siente…” Apuntes sobre política y gobierno. Por Beatriz Sznaider*

“Brasil, decime qué se siente…” Apuntes sobre política y gobierno. Por Beatriz Sznaider*

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jueves, 15 marzo 2018
Debates

Apuntes, por breves y esquemáticos.

Porque se trata de una mirada parcial y fragmentada de alguien que no es especialista en temas internacionales, en general, ni de Brasil, en particular; apenas, la de alguien  que por historia familiar y personal puedo observar algunos entretelones de la política y el gobierno en ese país e intenta compartirlas.

Apuntes porque escribo sobre Brasil y pienso desde la realidad argentina.

Y apuntes también porque hay algo en la política del actual presidente Michel Temer que se manifiesta como elusivo, que se insinúa o se sugiere, pero no se termina de sincerar. Quizás es la sinrazón de tratarse de un gobierno legal pero ilegítimo en sus orígenes, a partir de los contenidos y las formas con las que fue depuesta la presidenta Dilma Roussef y que algunos llamaron el impeachment de la vergüenza.   

¿O es equivocado hablar de legalidad cuando se judicializa la política, cuando el poder judicial más que proteger derechos y una institucionalidad republicana funciona como amenaza y, en un extremo, como verdugo de la transparencia que dice defender?

En lo que va de la destitución de Dilma a la amenaza muy real de encarcelamiento de Luiz Ignacio “Lula” Da Silva −primer presidente obrero que alcanzó la máxima investidura de su país y uno de los principales líderes y estadistas mundiales de la última década−, es difícil pensar que se trata de un proceso judicial actuando como poder del Estado independiente y autónomo.

No decimos que esa justicia no exista o que no ejerza sus funciones con esa intención; pero aparecen mecanismos cuestionables en los que después de poner en el banquillo de los acusados a funcionarios y máximas autoridades de gobierno para juzgarlos por distinto tipo de acciones, exponen y hasta manipulan las causas y generan un espectáculo que alienta la frustración y el resentimiento de gran parte de la población. Como “si tirasen al bebé, junto con la canasta” y el recurso no parece ser ingenuo.

Lejos de la calidad institucional y tensionando las reglas de juego constitucionales, los  procesos de lucha anticorrupción en Brasil, con el bonus track de la delación premiada, terminan poniendo en jaque al ya complejo y sensible sistema de partidos de ese país. Además, abren la puerta a la proliferación de candidatos “sueltos”, presionables, que actúan como delegados de los poderes económicos más influyentes, sin más compromiso que gerenciar el desguace del Estado o de cuidar sus propios intereses como es el caso, por ejemplo, del Ministro de Agricultura Blairo Maggi[1], el mayor productor individual de soja del mundo, acusado por organizaciones como Greenpeace de afectar severamente el Amazonas con su política de tala. Por otra parte, igual que muchos integrantes del gabinete actual y del propio presidente brasileño, Maggi está acusado de corrupción.

Las políticas de Temer (vivan los desplazamientos del significante, porque sí es de temer) vienen teniendo consecuencias devastadoras sobre la mayoría de la población por los retrocesos en materia de soberanía económica, con una ofensiva privatizadora que alcanza a aeropuertos, puertos, rutas, ferrocarriles, empresas de energía eléctrica, hidrocarburos, áreas de logística, el correo, juegos de azar, la Casa de la Moneda y gran parte del patrimonio natural para ser entregado a la explotación turística.

Pero aunque los números fríos de la economía muestran que la desocupación, la inflación y las tasas de interés están bajando –lo que supondría datos positivos para el mercado−, lo hacen desde un piso de destrucción de las conquistas económicas alcanzadas en años de democracia popular. También caen los derechos laborales, sociales y civiles que dieron lugar, por ejemplo, a la promoción de una política de cuota racial para garantizar el acceso a la universidad de la población afrodescendiente[2]. Aparece un estado de excepción en la proclamada lucha contra la inseguridad, con Río de Janeiro como caso testigo; legislación laboral que establece “condiciones” por las que un trabajador puede estar sujeto a tareas en situación análoga a la esclavitud; con un avance conservador y fascistizante que se manifiesta en acciones como las varias protestas y amenazas organizadas que recibió la filósofa feminista norteamericana Judith Butler en sus presentaciones en San Pablo, hace pocas semanas; o los avances de la censura artística por presiones de grupos “ultras” y/o por vía judicial, como ocurrió con la exposición “Queermuseo-Cartografías de la Diferencia en el arte brasileño” y varias más.

En una lectura más amplia, se está atravesando por una gran derrota política para el proceso popular que inició el PT hace casi cuatro décadas.

Acerca de las causas de esa derrota, menciono solamente algunas posibles que surgen de emparentar la situación en Brasil y en la Argentina, aunque reconocemos diferencias notables, tanto históricas como geopolíticas, de actores sociales en pugna en el escenario político actual, etc. Las observaciones no conforman un cuerpo homogéneo ni secuencial de ideas, sino nuevos apuntes para seguir pensando la coyuntura.

El gobierno del PT y el gobierno kirchnerista produjeron mejoras económicas y una fuerte expansión del consumo, especialmente de la mano del alto precio de las commodities. Ese consumo funcionó como un recurso dinamizador que llevó a un crecimiento sostenido y a una mejor distribución del ingreso, así como a políticas sociales que generaron una importante movilidad social. Pero:

  • aunque los dos países lograron capear con cierto éxito la crisis económica mundial de 2008, sus políticas anticíclicas no alcanzaron para frenar los efectos financieros recesivos; así fueron perdiendo capital político (no sólo por esto, pero sí como condición de base) y sustento social;
  • en ese contexto de crisis es donde se hizo más evidente la falta de una economía de integración a nivel del Mercosur, necesaria (aún como proyecto) para equilibrar los efectos de las crisis globales;
  • las políticas inclusivas no cristalizaron en un nuevo actor social capaz de identificar la nueva etapa como efecto de un proceso político. Así, se naturalizaron los valores del consumo y frente a las conflictividades propias de la vida política y social, no aparecieron lógicas de ciudadanía o de identidad colectiva en condiciones de intervenir en el debate público[3];
  • los partidos y alianzas políticas en el gobierno se volvieron instrumento de gobierno y perdieron el empuje y el necesario contacto con las bases que los eligieron y muchas veces, con su propio activo. Por esa misma yuxtaposición entre partido o alianza y gobierno, se debilitaron los procesos de discusión colectiva y de evaluación/crítica/rectificación de la acción de gobierno, de las políticas de alianzas, etc.;
  • el Estado (bajo formas legales e ilegales, a veces con fronteras difusas) se convirtió en recurso de financiación de la política; la necesaria transparencia en el manejo de los fondos públicos no se vio garantizada por mecanismos institucionales ni se tomó como tema de agenda propio de los partidos y de sus aliados en el gobierno;
  • se consideraron controlados a algunos poderes fácticos que apenas estaban agazapados; no se profundizó en la democratización de las corporaciones (Justicia; FF.AA.; sindicatos);
  • se atendió al tema de los medios desde la confrontación (de ideas y en el caso de la Argentina, con nueva legislación –Ley de Servicios Audiovisuales-), pero no desde dimensiones de sustentabilidad económica y de producción creativa; poca atención a los fenómenos de comunicación digital;
  • faltó avanzar y consolidar formas de democracia abierta y ampliada;
  • no se generaron procesos de sucesión virtuosos, en especialmente teniendo en cuenta que las condiciones de liderazgo no se heredan, ni se ceden.

 

Con la esperanza de que seremos capaces de aprender de nuestros errores; de sumar y no de restar; con la conciencia de que no sólo hay que llegar al gobierno, sino que hay que crear base social que lo sustente y lo renueve; de que volveremos a gobernar con un sentido de soberanía económica y justicia social en todo el continente. ¡Basta de persecución política a los líderes populares!

 

 

*Comunicóloga, UBA.

[email protected]

Ilustración. Cranio (Mural, 2017).

[1] Cualquier parecido con la Argentina no es pura coincidencia.

[2] Recordar que se trata de la población más numerosa del Brasil y también la más postergada por lo que el PT (Partido de los Trabajadores) en el gobierno desde 2003 hasta 2016, promovió fuertes políticas de igualdad material para mejorar la distribución de la riqueza y devolver dignidad al pueblo.

[3] Sobre este tema, una interesante artículo del sociólogo Daniel Rosso en Revista LIS. Letra. Imagen. Sonido. Ciudad Mediatizada. N° 14, 2015. www.revistalis.com.ar/index.php/lis/article/view/192

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